Gremio agrícola dice que normativa ambiental encarecerá un 20% recambio de tractores

Estiman que las exigencias para disminuir la emisión de material particulado (MP) y óxidos de nitrógeno (NOx), elevaría los costos para la adquisición de nuevas maquinarias que cumplan con estos estándares.

El mundo agrícola se prepara para un nuevo foco de incertidumbre. Algunos actores del rubro han manifestado que los distribuidores de maquinaria agrícola comenzaron a informar que, a partir de octubre de este año, solamente podrán importarse tractores con emisiones de gases que cumplan con la norma Tier 4.

Lo anterior, debido a la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 39 de 2020 del Ministerio de Medio Ambiente —publicado el 21 de octubre de 2021, bajo la gestión de la exministra Carolina Schmidt. La normativa, que comenzará a exigirse para los tractores agrícolas desde este año, busca reducir las emisiones de contaminantes provenientes de maquinarias móviles no destinadas al transporte de pasajeros o mercancías por carretera.

En el sector agrícola estiman que estas exigencias para disminuir la emisión de material particulado (MP) y óxidos de nitrógeno (NOx), elevaría los costos para la adquisición de nuevas maquinarias que cumplan con estos estándares. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) afirman que la medida encarecía los precios para la adquisición de estas unidades en, al menos, 20%.

Efectos en los pequeños productores

En una minuta, el principal gremio agrícola del país afirmó que esta normativa afectaría a “muchos agricultores incapaces de migrar y costear el reemplazo de maquinaria, especialmente los productores pequeños”. En la misma línea, apuntaron que los costos de mantención de estos nuevos vehículos agrícolas también serán “más caros producto de los aditivos adicionales (AdBlue) y los problemas logísticos y de mantenimiento de este tipo de tractores”.

Destacó que el impacto ambiental que generan los tractores dedicados a las actividades del rubro agrícola serían bajos en comparación a otros sectores. “El sector residencial es el responsable de más del 90% de las emisiones de material particulado, tanto grueso (PM10) como fino (PM 2,5), generando el mayor impacto para el medio ambiente y, por tanto, en donde debiera estar centrada la norma”, aseguró la SNA.

En esta línea, Antonio Walker, presidente de SNA, afirmó que van a solicitar al Ejecutivo que se entregue una “excepción a los tractores silvoagropecuarios, considerando el bajo impacto en las emisiones”, así como también que se implemente con mayor gradualidad.

“La entrada en vigencia de este decreto, sin ninguna gradualidad orientada a la adaptación, impone un costo desproporcionado para el sector silvoagropecuario, con un aumento estimado de al menos un 20% del precio de los tractores agrícolas y generando un beneficio mínimo para el medio ambiente. Esto, porque los tractores, cuyo uso es estacional en el agro, generan emisiones inferiores al 1% de PM 2,5, que es el material particulado que emiten los motores diésel”, dijo.

Walker sostuvo que han planteado esta inquietud al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para abordar esta situación que afectaría, principalmente a agricultores pequeños. Asimismo, comentó que están analizando solicitar una reunión con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, para solicitar que la normativa se implemente con gradualidad. “Dado el mínimo impacto que tendrá esta norma al medio ambiente, creemos que la gradualidad en su implementación nos permitirá como industria adaptarnos a una renovación gradual sin mayor afectación”, dijo.

Además, el timonel del gremio comentó que existen otros factores de esta norma que “no han sido evaluados, como las especificaciones del petróleo que usamos en Chile, que tiene un proceso de refinación diferente al aplicado en la UE y las emisiones que genere al entrar en contacto con los motores importados puede ser diferente a la estimada en la norma”.

A su vez, enfatizó que esta normativa ambiental afectaría al parque de vehículos que intenta reemplazar, que bordea las 79.000 unidades, lo que complica su implementación, dado que se venden en torno a 3.000 tractores anuales. “Las maquinarias agrícolas tienen una vida útil larga, de al menos 25 años, por lo que el reemplazo del 75% del parque para adaptarse a la norma, con el aumento de los precios y el costo de operación, puede demorar sobre 30 años en lograrse”, dijo a El Mercurio.

Desde el Ministerio de Agricultura señalaron que comparten la estimación de un incremento en los precios, que varía entre un 20% y un 30% para los tractores nuevos; y de entre un 10% y 20% en el caso de tractores usados. “Considerando estas alzas y que la vida útil de los tractores es de aproximadamente 15 años, hemos determinado que el costo variable de producción tendría un aumento que fluctúa entre el 0,6% y el 2,8% anual (dependiendo del rubro y del aumento del precio del tractor), debido al incremento de los servicios de arriendo de tractores, o bien, por el aumento del costo de capital en el caso de uso de tractores propios”.

Para abordar este tema, desde la cartera indicaron que “estamos dispuestos a revisarla, considerando la realidad y las garantías para nuestra seguridad alimentaria”. Para ello, el ministro Valenzuela instruyó la creación de un grupo de trabajo interministerial (con Medio Ambiente y Energía) para revisar la norma y generar propuestas.

En tanto, desde el Ministerio del Medio Ambiente afirman que si bien se reunieron “en varias oportunidades con los importadores para analizar el diseño de la norma, que comenzó a trabajarse hace una década con diversos actores”, las inquietudes fueron consideradas durante el proceso de consulta ciudadana (realizado en 2017) para elaborar el proyecto definitivo.

La cartera liderada por Maisa Rojas afirmó que “la norma cuenta con una gradualidad importante”. “Fueron dos años para el sector de la construcción y el sector de la minería, industrias que ya están cumpliendo con esta normativa desde el 21 de octubre de 2023. En la misma línea, para los tractores agrícolas se dieron tres años, es decir, un año más”, sostuvieron. “Es preciso señalar que esta norma regula solo a la maquinaria nueva que se registre a partir del 21 de octubre de 2024. La maquinaria actual puede seguir operando”.

Fuente: Diario Frutícola