Los aranceles impuestos recientemente por Estados Unidos, más allá de que podrían estar suspendiéndose por los próximos tres meses para algunos países, son una dura amenaza para las agroexportaciones chilenas. Sin embargo, Chile tiene la posibilidad de avanzar en cumplir uno de los aspectos cuestionados.
Esto, porque una de las razones esgrimidas por Estados Unidos para incluir a Chile en las tasas arancelarias, fue la débil protección a la propiedad intelectual. En el agro el tema es claro: la falta de una ley de Obtentores Vegetales que haga efectiva la UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales), norma que Chile se había comprometido suscribir al firmar, en 2009, el TLC con el país del Norte.
De ahí que aprobar la normativa adquiere ahora una nueva urgencia, ya que no solo se estaría cumpliendo con los compromisos adquiridos y postergados, sino que, además, podría ser una buena señal para mostrar si Chile negociará de manera bilateral los aranceles impuestos, como ya lo están proponiendo algunos países. Y, si finalmente los aranceles son suspendidos indefinidamente, también dejarían al país cumpliendo con lo prometido en el TLC.
Ponerse al día, sostienen los expertos, podría ser relativamente fácil, ya que desde hace cerca de 10 años que el país cuenta con avances.
De hecho, explica Miguel Ángel Sánchez, director Ejecutivo de ChileBio, la UPOV 91 fue aprobada con un artículo único, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. E incluso, en su momento esto fue ratificado, aunque por decisión dividida, por el Tribunal Constitucional.
Pero eso no era lo suficiente. Esto porque si bien la UPOV permite que los países cuenten con sus propios protocolos de protección de la propiedad intelectual de las especies vegetales, se requiere contar con ellos. Esto, en el caso de Chile, significa tener aprobada una nueva Ley de Obtentores Vegetales que reemplazara a la actual, y es precisamente donde se está al debe.
La noticia positiva es que, en ese sentido, también hay camino avanzado, dice Mario Schindler, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas, Anpros.
Se refiere a que en 2014, mientras era ministro de Agricultura Carlos Furche, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, se le pidió a Hugo Martínez, quien era asesor del ministerio, que trabajara en un proyecto de ley para reemplazar a la ley 19.342 y actualizara los protocolos a los que cumplirían con la UPOV 91. Hay que recordar que no es que Chile no haya suscrito anteriormente la UPOV, ya que sí está en la 78.
“En Chile hay mucha confusión en este tema. En el país hay protección a la propiedad intelectual desde hace más de 40 años. Lo importante es recordar que la UPOV 91 son directrices para que los países hagan las directrices que ellos quieran, pero que las tengan”, dice Sánchez.
El tema de la UPOV ha sido siempre sensible y ha estado rodeado siempre de problemas de desconocimiento y desinformación. Entre las temáticas complejas, por ejemplo, estaba el de la protección de las semillas ancestrales, ya que se temía que se perdiera la propiedad intelectual sobre ellas y que los pequeños productores o las comunidades no pudieran seguir produciéndolas. También se creía que esto abriría la puerta a los transgénicos.
Por lo mismo, comenta Sánchez, era muy importante hacer un trabajo con todos los que sentían que se podían ver afectados de alguna forma sus derechos o que se ponía en riesgo la producción interna, como agrupaciones indígenas o de pequeños productores.
Ese fue el trabajo que entonces realizó Martínez, quien fue conversando con los distintos actores hasta elaborar el proyecto de ley que fue consensuado.
“Se elaboró un muy buen proyecto, que conseguía disminuir los temores y las aprehensiones de los distintos actores interesados y respondía a lo que pedía la UPOV” dice Schindler. De hecho, la propuesta incluía, por ejemplo, el listado de las variedades nativas, protegiéndolas.
A pesar de eso, la nueva propuesta normativa quedó durmiendo hasta hoy en el Ministerio de Agricultura.
“Esto ha significado que nunca se ha avanzado”, insiste Sánchez.
La realidad es que contar con la normativa significaría cumplir con el compromiso establecido en el TLC con Estados Unidos, y también dejar de estar al debe con los otros TLC, como el que se tiene con la Unión Europea o el CPTPP, en donde también se establece la necesidad de que los países miembros, lo sean también de la UPOV 91.
Por qué es importante
En el rubro se insiste en que es clave contar con la UPOV no solo porque permitiría dar una señal positiva a Estados Unidos, sino porque incentivaría las inversiones en investigación local, además de permitir que los productores nacionales no pierdan competitividad por perder el acceso a nuevas variedades protegidas.
“Es un hecho que muchos proveedores de variedades ya no mandan los materiales porque no se respetan la propiedad intelectual en el país, porque alguien la compró y se la roban y luego eso está difundido. Incluso variedades desarrolladas a nivel local”, dice Sánchez.
Por lo mismo, estar en ella protegería también a los fitomejoradores nacionales. En el país, el principal desarrollador es el INIA, “que también se vería beneficiado por esto”, recalca Schindler.
Lo que ocurre es que una variedad protegida, significa que quienes la utilicen pagarán el royalty que permitirá que se recupere la inversión realizada en el desarrollo. “Es la forma para que se continúe investigando en el desarrollo de nuevas variedades y de esa forma avanzar en la sostenibilidad de la agricultura nacional. Porque ¿cómo se recupera la inversión si no se puede cobrar el royalty? y si no hay recursos, ¿cómo se puede seguir creciendo?”, enfatiza Sánchez.
Además, dice, “a las personas se les olvida la importancia de las exportaciones agrícolas y que cuando no se cuenta con las variedades que responden, por ejemplo, a las nuevas condiciones, los más perjudicados son los pequeños agricultores”.
Significa, además, poder contar con variedades, de frutas, hortalizas, cereales, generadas en el país para las condiciones productivas locales.
“Es poder potenciar que en un país chico como Chile podamos tener fitomejoradores de más alto nivel y que se desarrollen las variedades adaptadas a nuestra propia realidad. Hoy muchas de las nuevas variedades de trigo, cereales que se desarrollan en el país, llegan rápidamente al mercado informal, lo que genera un gran desincentivo a invertir en nuevos desarrollos”, dice Schindler.
Decisión política
Por lo mismo, si bien contar con la nueva Ley de obtentores es un tema urgente desde hace ya varios años (de hecho Estados Unidos en más de una oportunidad había ya llamado la atención sobre el tema), ahora con los aranceles que golpean directamente las exportaciones de frutas chilenas, avanzar con la aprobación adquiere una nueva urgencia, recalcan en el sector.
Desde los gremios han ya esgrimido sus argumentos. Ahora el tema está en manos de las autoridades.
“Podría ser una alternativa para la exportación de frutas y vegetales. Pero ahora depende de con cuánta premura se tomen las autoridades el tema. Esto podría tener dos orígenes. Uno desde el mismo Ministerio de Agricultura, o el otro que nazca desde el Congreso. Con las nuevas presidencias en las cámaras podría incentivarse este tipo de solución. Lo importante es actuar”, enfatiza Sánchez.
Schindler coincide en que esto es un tema esencial.
“De existir la voluntad política de llevar esto adelante, sería una posibilidad, si se llega a una mesa de negociación, nos da elementos para estar en una mejor posición y de mostrar que estamos cumpliendo los compromisos. Dar una señal de compromiso con un TLC sería muy bueno. Y es importante entender que esto, además es una urgencia, porque significa abrir la posibilidad de un progreso enorme para la agricultura del país, para perfeccionar y tener acceso a las mejores variedades del mundo”.
Fuente: El Mercurio Campo
