ANPROS, Fedefruta y Agrícola Nacional realizan cabildo ante avance de normas que impactan a la agricultura en la Convención
Aunque reconocen que las propuestas aún no se zanjan en el pleno, afirman que “hay un estado alerta, hay una preocupación por los textos, por las normas, por los artículos que se están conversando y vamos a ver si se van a aprobar o no”.
La comuna de San Clemente, en El Maule, fue el punto de encuentro para el cabildo que se realizó en conjunto con Fedefruta y Agrícola Central, a propósito de la preocupación que genera en el sector agrícola el avance de una serie de normas en la Convención que, de aprobarse, aseguran tendrían un grave impacto en el mundo rural y en la provisión de alimentos a nivel nacional, de cara a los próximos años.
En la actividad, un cabildo autoconvocado por agricultores de la zona, se congregaron representantes locales, como el presidente de la Asociación Agrícola Central, Luis Urrutia, así como los máximos representantes nacionales de Fedefruta, con su presidente Jorge Valenzuela, y de la Asociación Nacional de Productores de Semillas, ANPROS, representada por su primer vicepresidente, Ricardo Behn.
Entre las propuestas que generan mayor preocupación en el mundo agrícola se encuentran aquellas que apuntan a los derechos de agua y su aprovechamiento, las que distinguen a los productores de acuerdo a su tamaño o pertenencia a pueblos originarios entre “esenciales” y no esenciales para la agricultura, así como aquellas que generan desincentivos al mejoramiento de semillas o derechamente apuntan a un rol predominante del Estado respecto a qué y cómo se cultivará y sobre la forma en que se comercializarán los alimentos, incluyendo restricciones para la exportación e importación de productos e insumos vegetales.
Para Ricardo Behn, “aquí hay medidas que, de prosperar, podrían poner en jaque la agricultura” y por esto afirma que entre los productores de todo el país “hay un estado alerta, hay una preocupación por los textos, por las normas, por los artículos que se están conversando y vamos a ver si se van a aprobar o no, pero está definitivamente la gente pendiente de las decisiones que tomen los convencionales”.
Por su parte, Jorge Valenzuela apunta que desde Fedefruta han visto una desconexión entre el debate en la Convención y la realidad del mundo rural. “Creemos que no hemos sido escuchado de la forma adecuada. Hay mucho desconocimiento del mundo rural. Por lo tanto, invitar a los constituyentes a que se acerquen al agro, a que conozcan el día a día de cómo vive, cómo funciona el ecosistema rural, la relación entre los distintos productores, entre la comunidad, entre la industria”, afirmó.
Desde los distintos sectores del agro, se espera que los agricultores se informen, debido a que la comisión de Medio Ambiente de la Convención comenzará a votar en particular las normas relativas a la agricultura y la alimentación, como el paso previo a su definición en el pleno.
En ese sentido, Valenzuela subraya que “hoy día estamos preocupados y nos vamos a ocupar de poder comunicarle a todos los agricultores y agricultoras de Chile respecto a temas que de verdad pueden afectar el quehacer agrícola, el día a día y la vida en el mundo rural”.
Por su parte, Luis Urrutia, de Agrícola Central, afirma que lo más complejo es acceder a información de lo que se está debatiendo. “La barrera digital es tremenda. Nosotros no estamos iluminados por internet en todas las zonas rurales por lo que la desinformación es gigante. Hoy día queremos salir a comunicar y a contar nuestra forma, nuestra forma de vida, nuestras tradiciones, nuestra cultura y principalmente lo que hacemos. Alimentar cuatro veces al día la mesa de todos los chilenos y de gran parte del mundo”.
Finalmente, Ricardo Behn adelantó que buscarán “congregar agricultores, la gente del mundo rural, para tomar conciencia de lo que se está escribiendo en este momento. Aquí estamos escribiendo la Constitución de los próximos 50 años y es importante que las personas tomen conciencia de que pueden ser afectadas por esta norma, tanto en su trabajo como también en el impacto en la producción de alimentos”.
FELICIDADES AL COMITÉ ARICA PARINACOTA DE ANPROS, EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO
En este día especial, felicitamos al Comité de Arica y Parinacota en su décimo aniversario. Nos llena de orgullo el trabajo que realizan a diario. ¡Gracias por su gran aporte!
Este comité está compuesto por siete empresas dedicadas a la producción de semillas de investigación y su foco ha sido contribuir al progreso y desarrollo de la agricultura en la región, promoviendo la sustentabilidad de la actividad semillera y la actualización de las buenas prácticas en procesos comunes.
El trabajo que han realizado estos 10 años ha sido en un marco de cooperación con las autoridades regionales, asociaciones de agricultores, universidades y centros de formación técnica, estableciendo redes de cooperación y estrategias conjuntas para el progreso de la región. También ha tenido un fuerte foco social y de soporte a la población que le ha permitido acercarse a la comunidad, con acciones como la donación de un generador para el colegio Payachatas de Caquena, la sanitización de calles durante la pandemia, eventos como el Puertas abiertas ANPROS
, que muestra al público las prácticas que realizan las empresas semilleras instaladas en la Región, entre muchas otras actividades.
El compromiso del comité en la zona ha ido de la mano con el desarrollo educacional de la agricultura, para lo cual participa activamente en consejos asesores de entidades educacionales del área agronómica y realiza capacitaciones, pasantías y talleres a distintos grupos. Adicionalmente, existe un acuerdo entre las empresas e instituciones para recibir alumnos en práctica durante todo el año.
La actividad semillera en la región cuenta con una base de colaboradores que alcanza las 300 personas, donde 55% es de género femenino, llegando a un peak de 2000 personas en temporada de verano. Dentro de estos trabajadores, existen muchos egresados de universidades, CFT y escuelas agrícolas de Arica.
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¡Felicitamos al Comité de Arica y Parinacota en su décimo aniversario!
Desde allá nos llega esta linda imagen de su gente haciendo lo que ama. Nos llena de orgullo el trabajo que realizan a diario.
¡Gracias por el gran aporte que hacen en la región!
Cae la superficie agrícola, pese al avance de frutales
Paloma Díaz
Luego de varias postergaciones por falta de recursos y el inesperado covid, la recolección de datos para el VIII Censo Agropecuario y Forestal que se realizó entre marzo y julio del año pasado, usando por primera vez herramientas respuestas presenciales y online, arroja sus resultados preliminares.
Tomando en cuenta las respuestas de 176.570 productores silvoagropecuarios, que abarcan unos 56,2 millones de hectáreas, los datos muestran una caída de 8% en la superficie de uso agrícola, con disminuciones en prácticamente todos los rubros, salvo la fruticultura, que crece 23% entre 2007 y 2021.
“Si bien ha disminuido la superficie, gatillada principalmente por la disminución de praderas naturales y mejoradas, y plantaciones forestales y bosques nativos, vemos un aumento de la superficie cultivable en 12%, la cual es destinada a la producción de alimentos”, señala María José Irarrázaval, directora de Odepa, entidad que encargó la ejecución del censo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En ese sentido, destaca que la disponibilidad de alimentos se ha mantenido sin dificultades los últimos años, lo que se refleja en los resultados del último Índice de Seguridad Alimentaria Global (GFSI, por su sigla en inglés), donde Chile se ubica en el puesto 28 a nivel global, siendo el segundo de Latinoamérica.
“Claramente, la actual situación de falta de agua y suelo ha hecho que las decisiones de plantaciones y siembras hayan ido cambiando, pero la menor superficie no se traduce en menos alimentos, sino que en más y más diversos, por la mayor eficiencia y uso de tecnología”, dice.
Pese a la caída en la superficie, el sector crece en términos económicos, ya que el Producto Interno Bruto (PIB) silvoagropecuario de 2020 fue 15% mayor que el del año 2007.
Los datos completos del censo se darán a conocer durante el segundo semestre de este año, detallados por regiones y comunas, con toda la información consultada –que por primera vez incluye preguntas sobre manejo sustentable y uso de tecnologías–, por lo que según gremios y productores aún es temprano para realizar análisis en profundidad.
Sin embargo, entre los datos que más preocupan está la disminución en la superficie declarada bajo riego, probablemente como efecto de la sequía, y una nueva caída en la masa ganadera bovina, además de la baja participación de mujeres en los empleos permanentes del sector, que solo llega al 5% a nivel nacional.
Ganadería a la baja
Sin conocer los datos del último censo, uno de los temas recurrentes entre los productores bovinos es cómo aumentar la masa ganadera del país, que ha decaído fuertemente desde los años 70 y que actualmente solo llega a 2,5 millones de cabezas, con un retroceso de 33% respecto de 2007, aun cuando se trata de un sector que sigue siendo la principal fuente de ingresos para el 35,7% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) consultadas.
“La masa ganadera viene en descenso desde hace años por distintos factores, donde uno de los principales es que los pequeños y medianos ganaderos, que concentraban en torno al 60% de la masa, se han ido del rubro tanto por cambios de uso del suelo como por la mala rentabilidad”, explica el presidente de Fedecarne, Ignacio Besoaín.
También cree que han faltado incentivos y políticas públicas para que los ganaderos retengan vientres y así aumentar el volumen de bovinos para la producción de carne y leche, ya que muchos productores aprovecharon las exportaciones de animales en pie de los últimos cinco años para liquidar su negocio y cambiar de actividad definitivamente.
“Recién en los últimos años hemos tenido alzas de precios importantes en el mercado nacional, un mayor reconocimiento de la calidad de la carne chilena y nuevas alternativas de exportación para hacer más atractivo el rubro, pero los cambios son lentos y si se logra aumentar la masa ganadera lo vamos a ver en el largo plazo, aunque creemos que ese eventual cambio todavía no existe”, plantea.
La contracción de esta actividad no solo se refleja en la caída del volumen de bovinos, sino que en una baja en la superficie destinada a praderas naturales y manejadas, donde la fuerte participación que ha alcanzado la carne importada en el consumo nacional, que se acerca al 70%, también tendría un rol importante.
“El mercado de la carne estuvo por mucho tiempo con precios muy deprimidos, debido a una muy mala competencia con carne de otras calidades proveniente de países del Mercosur, lo que llevó a que muchos ganaderos decidieran abandonar la actividad”, afirma el secretario general de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Andreas Köbrich.
También plantea que para el segundo semestre será interesante saber qué ha reemplazado a la ganadería en esa superficie, para conocer qué impacto ha tenido sobre la agricultura temas como el avance de las parcelas de agrado, la política de compra de tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y las plantaciones forestales, entre otros factores.
“Ningún país se puede dar el lujo de disminuir su superficie agrícola, menos cuando estamos en un proceso de cambio climático en desarrollo y con una población mundial creciente”, advierte Andreas Köbrich.
Sequía golpea al riego
La superficie que los productores declaran bajo riego muestra una caída de 19% respecto de 2007, llegando a poco más de 900 mil hectáreas, algo que se atribuiría en buena parte a los efectos de la sequía durante los últimos 13 años, aunque los datos disponibles aún no muestran cuánto ha avanzado el sector en tecnificación.
“Lo que debería verse más afectado es el riego superficial, tanto por tendido como por surcos, que debería mostrar más pérdidas que el riego por goteo. En este momento se calcula que debería haber funcionando unas 350 mil hectáreas de riego tecnificado en Chile, de acuerdo con lo que se ha vendido e instalado, pero no sabemos cuánto de eso se ha perdido”, asegura Luis Gurovich, profesor de la Universidad Católica y socio de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje (Agryd).
Según sus cálculos, entre las regiones de Atacama, Coquimbo y una parte de Valparaíso se habrían perdido unas 40 mil hectáreas de riego por goteo debido a la falta de agua, aunque no existen datos oficiales.
“Creo que hasta la VI Región el censo nos va a mostrar cambios importantes, como el abandono de terrenos, cambios de cultivos y un abandono de huertos que no estaban en su pleno potencial productivo, y que hoy no cuentan con suficiente agua”, proyecta Gurovich, junto con un fuerte retroceso en el abastecimiento de agua potable rural en diferentes regiones, donde advierte que el país enfrenta un retroceso de 40 años en cobertura.
La directora de Odepa añade que en el retroceso de la superficie total declarada bajo riego se suma la incorporación de especies y variedades que son más eficientes en el uso de los recursos y menos extensas en hectáreas.
“Un dato interesante que entrega preliminarmente el censo es que se evidencia un mayor rendimiento, ya que en 2007 la superficie con riego representaba el 40% del total cultivado, mientras que en 2021 esa superficie bajo riego representa el 49% del total”, afirma.
Frutales avanzan
Tras los resultados que muestran periódicamente los catastros frutícolas regionales del Ministerio de Agricultura, no es una sorpresa el avance de 71.644 hectáreas que muestran los frutales, 23% más que en 2007, siendo una de las pocas actividades que crece en superficie.
El crecimiento de este rubro no solo se explica por la mayor oferta de especies y variedades que tienen una rentabilidad atractiva y que se pueden desarrollar en nuevas zonas geográficas, sino que también por la mayor capacidad de los productores para asociarse y crear exportadoras, además de las oportunidades que han ofrecido los tratados de libre comercio impulsados por Chile.
“En este período está el efecto de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con China, por ejemplo, que ha impulsado un intercambio comercial importante, como el crecimiento de especies como la cereza”, dice el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela.
También destaca que el avance del sector que muestra el censo debería impulsar el desarrollo de políticas públicas que apunten a la seguridad hídrica y la mayor promoción de las frutas chilenas en los mercados internacionales.
“Creemos que hay que aumentar el fondo de promoción de las exportaciones y que es importante incluir a más productores pequeños y medianos para que accedan a tecnologías y mercados, y seguir avanzando hacia manejos sustentables debido al cambio climático”, propone.
Sin embargo, advierte que los productores deben estar atentos al rol que va a tener el rubro en la discusión de la nueva Constitución, ya que considera que los incentivos para esta y otras actividades se definirán en parte dentro de ese proceso.
Fuente: El Mercurio Campo
EL IICA LANZA CONVOCATORIA A STARTUPS QUE OFREZCAN SOLUCIONES DIGITALES PARA LA AGRICULTURA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El evento virtual de convocatoria a estas firmas será el próximo 25 de febrero a las 9 a. m. de Costa Rica (GMT-6) y allí se brindarán detalles y pasos a seguir por las startups interesadas en postularse.
Participarán dos referentes de primer nivel que apoyan al IICA en su iniciativa de agricultura digital: el profesor titular del grupo Conocimiento, Tecnología e Innovación de Wageningen University & Research de Países Bajos, Laurens Klerkx; y la CEO y co-fundadora de Agrosmart, Mariana Vasconcellos. Junto con ellos participarán el Director General del IICA, Manuel Otero, y otras autoridades del Instituto.
Las startups interesadas en la convocatoria tendrán del 25 de febrero al 5 de abril de 2022 para inscribirse. Se elegirán 15, las cuales participarán en forma presencial de la Semana de la Agricultura Digital del IICA, en Costa Rica, donde podrán exponer sus innovaciones tecnológicas, acceder a charlas de alto nivel e intercambiar ideas con organizaciones internacionales clave para la transformación digital.
La selección final estará a cargo de un jurado especializado, compuesto por aliados estratégicos de la iniciativa, referentes del tema y funcionarios del IICA.
“La selección se basará en el potencial de las soluciones digitales para mejorar la producción, sostenibilidad e inclusión de los sistemas agroalimentarios. Además, se priorizará la factibilidad de implementar pilotos que usen la solución en distintos países”, detalló el especialista en Agricultura Digital del IICA, Federico Bert.
Las empresas escogidas también podrán desarrollar junto al Instituto proyectos piloto de uso de su solución en los estados miembros del organismo hemisférico especializado en agro y ruralidad.
Acerca de la Semana de la Agricultura Digital
Es un foro convocado por el IICA en el que startups y otros actores del sector tecnológico y agropecuario presentarán, propondrán y coordinarán ideas para la transformación digital de los sistemas agroalimentarios, espacio en el que además se busca difundir soluciones de tecnologías e impulsar su aprovechamiento en la agricultura.
Tendrá un formato híbrido: presencial en la sede central del IICA en San José, Costa Rica, y de manera virtual.
También participarán representantes de organizaciones que trabajan directamente con este tipo de empresas, así como de organizaciones públicas y privadas interesadas en la digitalización del agro.
Dentro de las temáticas que se abordarán están la Transformación digital: oportunidades y desafíos de una nueva era; Digitalización de la agricultura: barreras, impactos y perspectivas; Aprendizajes de una experiencia real de digitalización agrícola; y Roles y sinergias de actores públicos y privados en la era digital.
Se incluirán presentaciones de startups sobre soluciones digitales para aumentar la producción y la eficiencia, minimizar la huella ambiental y enfrentar el cambio climático, potenciar el comercio, las cadenas de valor y la cooperación de actores; y apoyar las decisiones y gestión de los agricultores a nivel productivo, económico y financiero.
Este es un esfuerzo que forma parte de la iniciativa hemisférica que lanzó el IICA denominada Misión Agricultura Digital en Acción (ADA), que apunta a promover una transformación digital dinámica e inclusiva de la agricultura de las Américas.
“El IICA tiene un foco fuerte puesto en la Agricultura Digital como uno de los elementos que permitirá la transformación de los sistemas agroalimentarios, entiende que las Agtechs son actores centrales en el proceso de digitalización y por eso las convoca”, añadió Bert.
En materia de agricultura digital el Instituto realiza múltiples acciones en alianza con otras organizaciones como Microsoft, BID Lab, Bayer, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Precision Development (PxD), Cooperativas de las Américas, el Department for International Trade, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) de Costa Rica, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), la Universidad de Córdoba de España y la Universidad Cenfotec.
Más información:
Federico Bert, especialista en Agricultura Digital del IICA.
federico.bert@iica.int
Productores hortícolas recuperan invernaderos dañados tras postular al PAR Emergencia de Corfo
A un año de las lluvias los agricultores lograron reconstruir su infraestructura por una más innovadora y segura.
Un complejo escenario fue el que vivieron productores hortícolas en enero del 2021, luego que las intensas lluvias que se registraron en ese entonces destruyera su producción e infraestructura, quedando a manos atadas en plena temporada de cosecha.
A un año de la emergencia, los productores ya han logrado recuperarse gracias al instrumento PAR Emergencia de Corfo, beneficio que llegó a 27 agricultores hortícolas de O’Higgins, quienes ya han reconstruido en su totalidad los invernaderos caídos y así recuperar la producción que no pudieron comercializar producto de la emergencia.
“Este es el compromiso de Corfo con la reactivación económica en el sector hortícola y el arduo trabajo que se está realizando en pos de un rubro que se vio tremendamente afectado por la emergencia a finales de enero del año pasado. Estos proyectos de inversión son los que les permiten a los agricultores acceder a nuevas oportunidades de negocios”, indicó el director de Corfo, Emiliano Orueta.
Los productores beneficiados fueron de las comunas de San Vicente de Tagua Tagua y Pichidegua. De los 27, 15 postularon para hacer sus cultivos de tomates bajo el sistema de parrón bajo malla antiáfidos y los otros 12 fueron para innovar en sus invernaderos y aplicar estructuras de madera y otros metálicos, con el fin de ser más resistentes ante cualquier eventualidad climática.
Al respecto, el representante de la consultora Clavijo Echague, quienes trabajan con los grupos de hortalizas de SAT de San Vicente y Pichidegua; Jorge Echague, indicó que “llegar a estos resultados fue un largo trabajo. Partieron las lluvias y comenzamos la comunicación con HortiCrece y Corfo, con la idea de una inversión que fuera en ayuda a los afectados”.
A esto agregó que “con estos beneficios se pudo articular una mayor ayuda para los productores, la que vino a cambiar un sistema de cultivo antiguo por uno que hace que el negocio para los productores sea más rentable y sustentable en el tiempo”.
Beneficiados
Fernando Espinoza es unos de los productores beneficiados con el PAR de Corfo, instrumento que vino a dar un alivio a su producción en invernadero, ya que las pérdidas en su terreno fueron importantes.
“Este es un beneficio bastante importante porque el año pasado con las lluvias tuvimos importantes pérdidas. Postulando al PAR pude gestionar un invernadero bajo malla, un sistema más innovador y que permite tener una producción más limpia, ordenada a la hora de cosechar mis tomates”, indicó.
Quien también fue beneficiado fue Juan Camilo Henríquez, productor de tomates que perdió todo para la emergencia del 2021.
“Cuando fue la lluvia y vimos cuánto perdimos fue muy triste, no teníamos ganas de nada, pero después de unos días nos hablaron de este beneficio y postulamos ya que yo perdí tres hectáreas y se necesitaba recuperar en algo lo perdido”, indicó.
A esto agregó que con los fondos del PAR pudo volver a cosechar y “realizar un invernadero más moderno, antes era un sistema más rústico pero ahora tenemos un invernadero sin pestes, que es más seguro para nuestros tomates”.
Derecho a la Alimentación en Riesgo: Cinco Razones planteadas por ANPROS
El Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile, Mario Schindler, en entrevista con Campo al Día de Radio SAGO, se refiere a las preocupaciones del sector ante la aprobación en comisiones de la Convención de normas que, atentan contra la agricultura nacional.
El Derecho a la Alimentación en riesgo: Cinco razones
En los últimos días, la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional ha aprobado una serie de normas que apuntan a la agricultura, directa o indirectamente, abordando materias como el derecho de propiedad, acceso al agua, modelo económico, etc.
Dos de estas normas son directamente perjudiciales para el desarrollo de la actividad semillera y para la producción de alimentos:
- 113-5 Sobre Soberanía Alimentaria.
- 521-5 Sobre la protección de las semillas como patrimonio natural vivo y que incorpora la figura del guardador/guardadora, curador/curadora de semillas.
De prosperar estas normas, las más perjudicadas, además de la agricultura en general, serán las personas, la ciudadanía, pues sus consecuencias serán alimentos más escasos, menos diversos, de menor calidad nutricional, con cultivos más propensos a enfermedades y al cambio climático, y por consiguiente alimentos más caros.
¿POR QUÉ? CINCO RAZONES POR LAS QUE SON UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN:
- UNA AGRICULTURA SIN AGRICULTORES.
El artículo 2 de la Norma 113-5 establece que sólo los agricultores artesanales y los pertenecientes a pueblos originarios serán los “actores esenciales” de la producción de alimentos en el país. Ellos serán reconocidos por el Estado a la hora de generar apoyos, regulaciones y acceso a tecnología. Por el contrario, todos los demás productores, gran parte de los 300 mil agricultores del país que contabilizó el Censo 2007, serán por definición “no esenciales”.
Excluir arbitrariamente a un grupo mayoritario de actores del mundo rural tendría gravísimas consecuencias para la seguridad alimentaria del país y el empleo, no sólo por el golpe dramático que se daría a la fuerza productiva, sino también por borrar del mapa a cerca del 97% de la superficie cultivable del territorio nacional.
- CIERRE DE FRONTERAS AL LIBRE INTERCAMBIO DE ALIMENTOS.
El primer inciso de la norma 113-5 define que el país deberá pasar a una etapa en que el objetivo de la agricultura es “la producción de alimentos para el consumo interno”, como parte esencial de la “soberanía alimentaria”.
Pese a que es un artículo que puede parecer benigno, implica un desastroso escenario, pues se aleja diametralmente de los objetivos diseñados por los organismos internacionales, como la FAO, en que se apunta que la meta de los países debe ser la seguridad alimentaria: El derecho de las personas a acceder a una alimentación segura, nutritiva y en cantidad suficiente, para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, permitiéndoles una vida activa y saludable.
En un mundo globalizado, con desafíos comunes y en que la crisis climática afecta a cada rincón del planeta, es indudable que esa seguridad alimentaria plantea una interdependencia, en que las fronteras abiertas y el intercambio comercial entre los países son también fundamentales para la seguridad alimentaria.
- FIN AL MEJORAMIENTO DE SEMILLAS.
Transformar a todas las semillas en patrimonio común, poniendo fin a la propiedad intelectual que implica su mejoramiento, es la principal amenaza a la seguridad alimentaria del país, pues se eliminará un incentivo fundamental para el desarrollo permanente de cultivos con mayor rendimiento, que se adaptan a la crisis climática y que resisten enfermedades y plagas. Eliminar esta tarea como una actividad comercial, sólo perjudicará a la ciudadanía.
El artículo 11 de la norma 113-5 señala que “el Estado protegerá y reconocerá como patrimonio inapropiable de los pueblos, las semillas y todo material de propagación, ya que su existencia y diversidad son la base de la alimentación del país” y que “queda prohibida cualquier forma de privatización de semillas, material vegetal de propagación, animales y otras formas de vida, incluidos los procesos vitales, los componentes y estructuras celulares, genéticas y químicas de ellas”.
En la misma dirección apunta el artículo 1 de la norma 521-5, que señala que “el Estado de Chile reconoce la semilla libre de intervención como patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural vivo. Perteneciente a los pueblos, campesinos y personas naturales rurales y urbanas que las utilicen con cualquier finalidad no relacionada con intervenciones y privatizaciones o patentaciones”.
No son las semillas lo que se expropia, sino que el trabajo de los productores de semillas para poder mejorarlas, a través del fitomejoramiento, para hacerlas más resistentes a enfermedades o plagas, adaptarlas al cambio climático, a la crisis hídrica y mejorar su rendimiento. Por ejemplo, el trigo, que con 220 mil hectáreas es el que cuenta con la mayor área de cultivos en Chile, en 1980 tenía un rendimiento de 1.700 Kg por hectárea y hoy es de 6.200 Kg por hectárea.
- APAGÓN TECNOLÓGICO EN EL SIGLO 21.
La revolución del conocimiento y los cambios que está experimentando la producción de alimentos en todo el mundo, a través del desarrollo tecnológico, son quizás la mayor esperanza para garantizar que las naciones del planeta podrán derrotar el hambre, incluso en un contexto de crisis climática, de responsabilidad de la propia humanidad.
Pues bien, una serie de medidas incluidas en las normas 113-5 y 521-5 apuntan en la dirección contraria: Control del Estado a las técnicas de fitomejoramiento y el cierre de fronteras con sello constitucional a la importación de avances tecnológicos en materia alimentaria.
La regulación en base al miedo, a los temores, sólo perjudicará a la ciudadanía.
Por el contrario, el Estado debería promover la coexistencia, en que garantiza la preservación de las variedades ancestrales de semillas, como una forma de proteger un patrimonio cultural e histórico del país, y al mismo tiempo velar por potenciar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el acceso a todos los insumos productivos que permitan, de manera sustentable, respetuosa del medioambiente y en coexistencia con los saberes y métodos ancestrales de producción, garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes del país.
- EL EXILIO TERRITORIAL DE LA AGRICULTURA MODERNA.
El inciso segundo del artículo 3 de la norma 521-5 señala que “se establecerá un mínimo de al menos doce kilómetros de distancia entre un cultivo que utilice sustancias químicas sintéticas y una población humana o un cultivo de semillas limpias”.
Esta norma hace prácticamente impracticable la agricultura, fruticultura, ganadería y otras formas de producción de alimentos en el país, pues todas ellas, de una u otra forma, utilizan fertilizantes, productos fitosanitarios y muchos otros estimulantes foliares, de origen químico sintético. Si se pusiera en práctica esta nueva geografía agrícola, el suelo cultivable con técnicas modernas de producción pasaría a ser cercano a cero. Sería exiliar a los agricultores, criminalizar la actividad y ponerles un cartel de indeseables.
Por el contrario, el Estado debe asegurar la seguridad sanitaria de los habitantes del país, garantizando que esa producción cumple con todas las medidas de seguridad para la población, los trabajadores y el consumidor, incluyendo los cultivos con semillas de variedades tradicionales, que también utilizan productos controladores de plagas, como las larvas de polillas en Arica.
NO PERDAMOS LA OPORTUNIDAD DE FORTALECER EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Es necesario poner una voz de alerta, de atención. Chile necesita una agricultura capaz de sortear los desafíos del siglo 21 y seguir aportando a al desarrollo del país, a la alimentación de sus habitantes y especialmente dar un impulso al mundo rural. No desperdiciemos la oportunidad de sentar las bases del desarrollo de la agricultura, la protección del medio ambiente y los ecosistemas, así como del rescate a nuestro patrimonio fitogenético, a través de una Constitución que lo reconoce, lo potencia y entrega una hoja de ruta para su protección. Chile se lo merece.
Iniciativa de Norma Constitucional arriesga la producción de alimentos, según productores
La medida apunta a que los pequeños y medianos agricultores nacionales entreguen la seguridad alimentaria al país, desincentivando a los grandes productores, argumentan representantes del agro.
Dirigentes de gremios agrícolas dijeron que el proyecto presentado por la Convención Constituyente, que eliminaría la propiedad intelectual en el desarrollo y mejoramiento de semillas cambiaría la forma de hacer agricultura como se conoce hoy y que arriesgaría la seguridad alimentaria nacional, además del modelo económico que ha permitido el desarrollo de la industria en el país.
El director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile (Anpros), Mario Schindler, dijo a diario La Tribuna que “las normas como están presentadas y como están escritas destruyen la actividad semillera en Chile y la semilla es el insumo más importante y el primer insumo de la cadena de valor de producción agrícola, se requiere en todos los cultivos anuales, se requiere en las hortalizas y praderas, por lo que al destruir la actividad semillera en Chile también se impacta la actividad agrícola y agropecuaria chilena en general”. Además de lo anterior, Schindler dijo la norma “pone como eje central de la soberanía alimentaria a campesinos, pescadores y recolectores artesanales entre otros, dejando fuera a un porcentaje muy alto de los agricultores chilenos y un porcentaje muy alto de la superficie agrícola chilena, desconociendo la importancia de los pequeños y medianos agricultores nacionales, que están enlazados en cadenas productivas con la agroindustria y que son parte importante de la seguridad alimentaria en Chile y que no estarían considerados en esta norma, por lo que estarían excluidos de los beneficios tributarios, de subsidios, desarrollos tecnológicos y de investigación, dejando a su vez en los hombros de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar campesina, la pesada carga de generar los alimentos que necesitamos todos los chilenos”.
MEDIDA DESINCENTIVARÍA LA AGRICULTURA NACIONAL
Schindler agregó que la iniciativa “afecta a toda la cadena de valores, partiendo por los agricultores, que lograron tener alrededor de 60 mil hectáreas de semillas para semilleros en Chile, con una generación de 70 mil puestos de trabajo directos y otros muchos miles de trabajos indirectos en una agricultura como lo es la de semilla, con contratos, asistencia técnica permanente y financiamiento, características que le agregan valor a esta alternativa de producción agrícola chilena, que desaparecería, porque de acuerdo a las nuevas normas, sería el Estado el que se haría cargo de los modelos productivos, estableciendo qué se produce, dónde y cómo, estableciendo además los modelos de comercialización y con una intervención del Estado en la fijación de precios, desincentivando la inversión y arriesgando hacer desaparecer la propiedad intelectual, que es la base del estímulo a la inversión, tanto por parte de investigadores chilenos y fitomejoradores extranjeros que han permitido que la población chilena tenga acceso a una buena alimentación, cosa que nos parece injusta y riesgosa”.
El director ejecutivo de Chilebio, asociación gremial que agrupa a las compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola que se dedican al desarrollo, producción y comercialización de productos basados en la mejora genética de semillas, Miguel Ángel Sánchez, dijo a diario La Tribuna que “esta es una iniciativa disruptiva para la agricultura chilena, que propone cambiar la forma de hacer agricultura en el país, privilegiando a los pequeños agricultores bajo el supuesto de que la mayor cantidad de alimentos los producen ellos, lo cual no es real, y establece que será el Estado el que defina qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, definiendo el Estado también el precio de los alimentos quitándoles la libertad a nuestros productores de decidir qué producir, según sus preferencias para conseguir un mayor bienestar social y económico, poniendo en riesgo además los productos que nuestro país comercializa al extranjero como nuestros vinos, semillas y fruta fresca”.
IPN CONSEGUIRÍA EL EFECTO CONTRARIO AL QUE BUSCA PARA EL PAÍS
El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), José Miguel Stegmeier, dijo a diario La Tribuna que “esta iniciativa es totalmente absurda, ya que significaría destruir a nuestra agricultura y consiguientemente, generaría una tremenda escasez de alimentos de producción nacional, esto porque la economía silvoagropecuaria, para avanzar en un desarrollo sostenible, depende de las exportaciones para que los productores puedan tener espacios para crecer y así rentabilizar sus operaciones. Hoy no se puede entender el desarrollo humano y su mayor bienestar, aislando a los países de las otras naciones, ya que esas experiencias en el pasado, sólo lograron empobrecer a las naciones e hicieron sufrir incluso de hambre a gran parte de su población. Una iniciativa como esta, además inhibiría el desarrollo tecnológico y los necesarios mejoramientos genéticos de nuevas variedades de semillas, impidiendo, por ejemplo, adaptar los futuros cultivos a las nuevas condiciones que está generando el cambio climático”. A lo anterior, el vocero de Socabio agregó que “no puedo entender que exista una propuesta de esta naturaleza y la única explicación posible es que nace desde una ignorancia supina, ya que demuestra ir exactamente en el sentido contrario a lo que precisamente pretende conseguir, que es asegurar la alimentación de todos los chilenos. Igualmente, pretender iniciar una dinámica de regulación de los precios, lo único que lograría sería generar severas distorsiones, incluso con el riesgo de agudos desabastecimientos de alimentos, mercado negro y otros desastres, tal como ocurre en Cuba o Venezuela”.
Fuente: La Tribuna
Gremio de semilleros expresa preocupación por propuesta constitucional
Tras la aprobación este pasado martes de la norma que reconoce la semilla como patrimonio cultural, el director ejecutivo del gremio advierte que esta norma, además de otros artículos aprobados en Comisión de Medio Ambiente hacen que “desaparezca la propiedad intelectual, por lo que no hay ningún incentivo para que profesionales chilenos se dediquen a la investigación, al desarrollo de nuevas variedades o procesos”.
Miguel Patiño
Una dura respuesta emitió el gremio Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros) ante un conjunto de propuestas aprobada este martes en el seno de una comisión de la Convención Constitucional. «Con las normas que se están hasta el momento aprobando, la actividad semillera en Chile no tiene sustento, no es viable, y por lo tanto la producción de cultivos no es viable», señaló Mario Schindler, director ejecutivo de la organización que reúne a las empresas especializadas en el desarrollo y distribución de semillas.
La declaración fue gatillada luego de que este martes, la Comisión 5 de medioambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico del órgano redactor aprobara con 10 votos a favor y 9 en contra el artículo 1, que señala: “El Estado de Chile reconoce la semilla libre de intervención como patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural vivo. Perteneciente a los pueblos, campesinos y personas naturales rurales y urbanas que las utilicen con cualquier finalidad no relacionada con intervenciones, privatizaciones o patentaciones”.
Gloria Alvarado, convencional (D16) que votó a favor de esta propuesta, señaló a Redagricola que “reconocer a la semilla como patrimonio natural de nuestro país es un avance pues proteger y valorar nuestra biodiversidad es esencial ante el escenario de crisis climática, junto al resguardo del agua por supuesto, como bien común esencial para la vida y los ecosistemas”.
Alvarado agregó que están votando en general distintas propuestas de norma, donde destaca además aquella que incorpora la figura del guardador o curador de semillas, que en particular fue aprobada por 14 votos a favor, 3 abstenciones y uno en contra. “Esta es una más de las normas que se están debatiendo sobre este tema y ahora queda abierta a recibir indicaciones para ser mejorada y que pueda ir a votación al Pleno con un apoyo amplio para lograr la votación por 2/3”.
No obstante, el artículo generó crítica, lo que se suma a la polémica norma sobre soberanía alimentaria votada la semana pasada en la misma comisión. Schindler, de Anpros, señaló a Redagrícola que “estas normas lo que están haciendo es matar a la agricultura. El mensaje tiene que ser súper claro y nosotros como gremio lo estamos mirando de esa manera, aquí se destruye la actividad agrícola en Chile”.
El vocero del gremio semillero explica que si bien lo ideal sería que se respetara y hubiera un acuerdo en que el artículo 1 aprobado está referido a las variedades ancestrales, donde están a favor que quede consagrado su protección y fomento, sí creen que esto es más bien materia de ley porque “son demasiado específicas para ser normas constitucionales, y si es así nos vamos a llenar de normas”.
Sin embargo, la posibilidad de cerrar el desarrollo o trabajo genético a nuevas posibilidades es donde recaen las críticas.
“Si no tenemos semillas, que es lo más probable con las normas que se están hasta el momento aprobando, la actividad semillera en Chile no tiene sustento, no es viable, y por lo tanto la producción de cultivos no es viable, la producción de praderas no es viable y eso continúa con la producción de carnes y de leches que no sería viable; la producción de hortalizas no sería viable”, señala Schindler.
Desde el gremio señalan además que tanto las normas de soberanía alimentaria como las referidas a semillas, implican que Chile “dejará su alimentación a cargo de lo que puedan hacer los pequeños agricultores, por lo tanto junto con reflejar un profundo desconocimiento de lo que es el agro en Chile, esto significará una carga muy pesada sobre los hombros de los agricultores”.
Respecto al desarrollo de tecnologías o modificaciones que podrían ayudar a generar cultivos resistentes a sequías o diferentes condiciones adversas, Schindler añade que “no puede quedar establecido en la constitución un bloqueo permanente el acceso a determinadas tecnologías que pueden dar solución al cambio climático o a la sequía que lleva más de 10 años y es más bien una crisis estructural”.
“Si tú bloqueas el acceso a tecnologías como por ejemplo las que te permiten tener maíz resistente a la sequía, que ya es una realidad por ejemplo en Argentina, estarías bloqueado a la agricultura chilena de la posibilidad de enfrentar flagelos que produce el cambio climático y la disponibilidad de agua, sentencia el director ejecutivo de Anpros.
Cabe destacar además que la actividad semillera en Chile, de acuerdo a datos del gremio semillero, representa en el país cerca de 60 mil hectáreas de semilleros (cifras de 2013), y que generan una ocupación cercana a 70 mil personas en empleos directos en su momento alto de la temporada, sin contar los empleos indirectos (como fletes u otros trabajos relacionados).
PROPIEDAD INTELECTUAL
Otro de los artículos, quizás el más polémico de los discutidos ayer en la Convención, es el Artículo 4, que indica:
“La semilla establecida en los términos del artículo 1 solo podrán ser comercializadas en los términos que señale una ley especial, esta ley establecerá criterios preferentes para los productores de pequeña y mediana escala que utilicen técnicas tradicionales y con tratamiento agroecológico, limpias de sustancias sintéticas, y penalizará la modificación molecular de sus estructuras genéticas e hibridación que las dejen estériles o causen modificaciones que altere su fisonomía o calidad nutricional”.
Al respecto, Mario Schindler señala que con estos artículos “desaparece la propiedad intelectual y por lo tanto no hay ningún incentivo para que profesionales chilenos se dediquen a la investigación, al desarrollo de nuevas variedades, procesos, etc; y por otro lado, Chile de esta forma cierra el acceso a variedades internacionales que han estado por mucho tiempo y que han sido la base del desarrollo de la agricultura y particularmente de la fruticultura en Chile”.
Frente a posibilidad de aprobación de estas normas en el pleno, donde requieren dos tercios (104 votos) para ser aprobadas en general, Schindler comenta: “Espero que haya un tercio más uno de los convencionales que puedan tener el sentido común y entiendan lo riesgoso de aprobar normas como estas, sobre todo por las consecuencias que traería para Chile aprobar normas como estas”.
“Como gremio semillero hemos tenido reuniones con convencionales y nuestro mensaje principal es el de la coexistencia, aquí la semilla ancestral, la semilla agrícola, la semilla mejorada, todas responden a una misma necesidad en nuestro país, de que crezca nuestra agricultura y que nuestra sociedad esté bien abastecida de alimentos”.
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Productores de semillas alertan sobre efectos de iniciativa constituyente en seguridad alimentaria
Anpros, gremio que los agrupa, advierte que la norma que entre otras cosas radica en el Estado el mejoramiento genético de variedades vegetales; prohíbe la producción e importación de transgénicos y establece la regulación de precios de alimentos, tendría un efecto dominó devastador en distintas actividades.
Alarma sobre las “nefastas consecuencias para la seguridad alimentaria del país” derivadas de la iniciativa de norma constituyente que “Reconoce el derecho a la soberanía alimentaria” (N°113-5), aprobada en general el 25 de enero en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, levantó la Asociación Nacional de Productores de Semilla (Anpros). Dicha iniciativa propendería a eliminar la propiedad intelectual en el desarrollo y mejoramiento de semillas; regular precios de alimentos; que la producción de estos se destine solo al consumo interno; y a invalidar tratados internacionales que no estén en esta línea.
“Esta norma destruye la base de la producción de alimentos en Chile al arrasar con la actividad semillera, que genera cerca de 68.000 puestos de trabajo de forma directa y unos 5.700 indirectos y genera US$ 346 millones en exportaciones”, asevera Mario Schindler, director ejecutivo del gremio. Explica que los artículos más complejos en términos de consecuencias son el 11 y 12. El primero por cuanto establece que el Estado protegerá como patrimonio inapropiable de los pueblos las semillas y todo material vegetal de propagación; prohíbe cualquier forma de privatización de estos y radica en el Estado el mejoramiento genético, para que sus avances sean de dominio público. También prohíbe la producción, uso, consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos. Mientras el segundo artículo, prohíbe cualquier política, legislación, reglamentación o medida que limite el derecho a la semilla.
Estas disposiciones generan incertidumbre sobre el futuro de la comercialización, investigación y distribución de semillas: “En Chile no hay limitaciones para comprar y usar las semillas disponibles en el mercado: tradicionales o ancestrales, de dominio público y las agrícolas licenciadas que son las que usa el 98% de los agricultores por rendimiento, resistencia a enfermedades, adaptación al cambio climático y preferencia de los consumidores. Nosotros ofrecemos semilla de alta calidad certificada por el SAG; pero con las condiciones aquí enunciadas ya no podrían importarse ni producirse”.
A su juicio, esta norma sugiere un conflicto inexistente entre variedades fitomejoradas y tradicionales o ancestrales, usadas por pueblos originarios y pequeños agricultores en zonas agroecológicas específicas, cuyos derechos e intereses se busca cautelar, porque estarían siendo comprometidos por la industria semillera: “Llevamos décadas de coexistencia entre variedades tradicionales y agrícolas porque ocupamos nichos distintos. Necesitamos ambos tipos de semilla y no podemos excluir a la que sustenta un porcentaje muy mayoritario de la alimentación”.
Ricardo Behn, primer vicepresidente de Anpros y gerente de semillas de Anasac, destaca que como gremio han trabajado con varias administraciones del Ministerio de Agricultura para desarrollar un borrador de proyecto de ley donde se asegure que las variedades ancestrales no puedan ser apropiadas por nadie. Dice que las normas vigentes han funcionado bien y que en Chile hoy no se siembran transgénicos para cosecha interna, sino para exportar esas semillas: “Esta tecnología avanza a pasos agigantados en el mundo. Argentina acaba de desarrollar un trigo resistente a la sequía, que tendría gran impacto en nuestra agricultura dada la crisis hídrica. Prohibir una tecnología constitucionalmente nos condena al subdesarrollo al no acceder a las ventajas que pueda ofrecer a futuro”.
Asegura que además de cumplir con los resguardos del patrimonio fitosanitario nacional, las empresas comprueban que las variedades que se internan funcionen bien en las distintas localidades donde se cultivan esas especies antes de venderlas, con ensayos que toman dos a tres años. Y enfatizan en el rol de las semillas fitomejoradas en el rendimiento de cultivos: “El trigo, nuestro principal cultivo en superficie, en 1980 tenía un rendimiento de 17 quintales por hectárea y hoy llega 62 promedio nacional, aunque hay agricultores que llegan a cien quintales”.
Con menos superficie agrícola disponible por habitante y escasez de agua, producir más con menos es uno los grandes desafíos. Schindler grafica: “En 1980 había 11,5 millones de habitantes en el país y 1,2 millón de hectáreas dedicadas a cultivos anuales. Hoy tenemos casi el doble de la población y la superficie cultivable bajó a la mitad. De ahí la importancia de acceder a semillas mejoradas”.
Ambos ejecutivos destacan que la norma que se discute en la Convención Constituyente no sólo apunta en la dirección contraria al concepto de “Chile Potencia Agroalimentaria”, sino que de la innovación como motor de desarrollo. Y que puede tener la mejor de las intenciones, pero no se han medido sus consecuencias en la práctica.
Schindler hace hincapié en que el mejoramiento de semillas existe hace miles de años y hay técnicas que van desde la selección masal y el cruzamiento de variedades, hasta las transgénicas. “El recambio varietal es permanente porque las empresas siempre están mejorando parámetros productivos, nutritivos u organolépticos y resistencia enfermedades e insectos. De lo contrario, habría que aumentar el uso de agroquímicos”, dice Behn.
Respecto a los ruidos de privatización, destacan que La Ley de Propiedad Industrial chilena no permite patentar variedades vegetales. A nivel mundial lo que opera es el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), que fomenta el fitomejoramiento mediante un derecho de propiedad intelectual para los obtentores, que dura entre 15 y 18 años.
Anpros agrupa a 73 empresas que representan 98% de la actividad semillera nacional; 48 son locales y 25 extranjeras (entre ellas Sumitomo Chemical, Syngenta, Monsanto, BASF, Bayer); 28 son grandes, 21 medianas, 13 pequeñas y 11 microempresas. El 69% de los multiplicadores de semillas que trabajan con ellas poseen menos de 12 hectáreas de riego básico.