Derecho a la Alimentación en Riesgo: Cinco Razones planteadas por ANPROS
El Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile, Mario Schindler, en entrevista con Campo al Día de Radio SAGO, se refiere a las preocupaciones del sector ante la aprobación en comisiones de la Convención de normas que, atentan contra la agricultura nacional.
El Derecho a la Alimentación en riesgo: Cinco razones
En los últimos días, la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional ha aprobado una serie de normas que apuntan a la agricultura, directa o indirectamente, abordando materias como el derecho de propiedad, acceso al agua, modelo económico, etc.
Dos de estas normas son directamente perjudiciales para el desarrollo de la actividad semillera y para la producción de alimentos:
- 113-5 Sobre Soberanía Alimentaria.
- 521-5 Sobre la protección de las semillas como patrimonio natural vivo y que incorpora la figura del guardador/guardadora, curador/curadora de semillas.
De prosperar estas normas, las más perjudicadas, además de la agricultura en general, serán las personas, la ciudadanía, pues sus consecuencias serán alimentos más escasos, menos diversos, de menor calidad nutricional, con cultivos más propensos a enfermedades y al cambio climático, y por consiguiente alimentos más caros.
¿POR QUÉ? CINCO RAZONES POR LAS QUE SON UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN:
- UNA AGRICULTURA SIN AGRICULTORES.
El artículo 2 de la Norma 113-5 establece que sólo los agricultores artesanales y los pertenecientes a pueblos originarios serán los “actores esenciales” de la producción de alimentos en el país. Ellos serán reconocidos por el Estado a la hora de generar apoyos, regulaciones y acceso a tecnología. Por el contrario, todos los demás productores, gran parte de los 300 mil agricultores del país que contabilizó el Censo 2007, serán por definición “no esenciales”.
Excluir arbitrariamente a un grupo mayoritario de actores del mundo rural tendría gravísimas consecuencias para la seguridad alimentaria del país y el empleo, no sólo por el golpe dramático que se daría a la fuerza productiva, sino también por borrar del mapa a cerca del 97% de la superficie cultivable del territorio nacional.
- CIERRE DE FRONTERAS AL LIBRE INTERCAMBIO DE ALIMENTOS.
El primer inciso de la norma 113-5 define que el país deberá pasar a una etapa en que el objetivo de la agricultura es “la producción de alimentos para el consumo interno”, como parte esencial de la “soberanía alimentaria”.
Pese a que es un artículo que puede parecer benigno, implica un desastroso escenario, pues se aleja diametralmente de los objetivos diseñados por los organismos internacionales, como la FAO, en que se apunta que la meta de los países debe ser la seguridad alimentaria: El derecho de las personas a acceder a una alimentación segura, nutritiva y en cantidad suficiente, para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, permitiéndoles una vida activa y saludable.
En un mundo globalizado, con desafíos comunes y en que la crisis climática afecta a cada rincón del planeta, es indudable que esa seguridad alimentaria plantea una interdependencia, en que las fronteras abiertas y el intercambio comercial entre los países son también fundamentales para la seguridad alimentaria.
- FIN AL MEJORAMIENTO DE SEMILLAS.
Transformar a todas las semillas en patrimonio común, poniendo fin a la propiedad intelectual que implica su mejoramiento, es la principal amenaza a la seguridad alimentaria del país, pues se eliminará un incentivo fundamental para el desarrollo permanente de cultivos con mayor rendimiento, que se adaptan a la crisis climática y que resisten enfermedades y plagas. Eliminar esta tarea como una actividad comercial, sólo perjudicará a la ciudadanía.
El artículo 11 de la norma 113-5 señala que “el Estado protegerá y reconocerá como patrimonio inapropiable de los pueblos, las semillas y todo material de propagación, ya que su existencia y diversidad son la base de la alimentación del país” y que “queda prohibida cualquier forma de privatización de semillas, material vegetal de propagación, animales y otras formas de vida, incluidos los procesos vitales, los componentes y estructuras celulares, genéticas y químicas de ellas”.
En la misma dirección apunta el artículo 1 de la norma 521-5, que señala que “el Estado de Chile reconoce la semilla libre de intervención como patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural vivo. Perteneciente a los pueblos, campesinos y personas naturales rurales y urbanas que las utilicen con cualquier finalidad no relacionada con intervenciones y privatizaciones o patentaciones”.
No son las semillas lo que se expropia, sino que el trabajo de los productores de semillas para poder mejorarlas, a través del fitomejoramiento, para hacerlas más resistentes a enfermedades o plagas, adaptarlas al cambio climático, a la crisis hídrica y mejorar su rendimiento. Por ejemplo, el trigo, que con 220 mil hectáreas es el que cuenta con la mayor área de cultivos en Chile, en 1980 tenía un rendimiento de 1.700 Kg por hectárea y hoy es de 6.200 Kg por hectárea.
- APAGÓN TECNOLÓGICO EN EL SIGLO 21.
La revolución del conocimiento y los cambios que está experimentando la producción de alimentos en todo el mundo, a través del desarrollo tecnológico, son quizás la mayor esperanza para garantizar que las naciones del planeta podrán derrotar el hambre, incluso en un contexto de crisis climática, de responsabilidad de la propia humanidad.
Pues bien, una serie de medidas incluidas en las normas 113-5 y 521-5 apuntan en la dirección contraria: Control del Estado a las técnicas de fitomejoramiento y el cierre de fronteras con sello constitucional a la importación de avances tecnológicos en materia alimentaria.
La regulación en base al miedo, a los temores, sólo perjudicará a la ciudadanía.
Por el contrario, el Estado debería promover la coexistencia, en que garantiza la preservación de las variedades ancestrales de semillas, como una forma de proteger un patrimonio cultural e histórico del país, y al mismo tiempo velar por potenciar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el acceso a todos los insumos productivos que permitan, de manera sustentable, respetuosa del medioambiente y en coexistencia con los saberes y métodos ancestrales de producción, garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes del país.
- EL EXILIO TERRITORIAL DE LA AGRICULTURA MODERNA.
El inciso segundo del artículo 3 de la norma 521-5 señala que “se establecerá un mínimo de al menos doce kilómetros de distancia entre un cultivo que utilice sustancias químicas sintéticas y una población humana o un cultivo de semillas limpias”.
Esta norma hace prácticamente impracticable la agricultura, fruticultura, ganadería y otras formas de producción de alimentos en el país, pues todas ellas, de una u otra forma, utilizan fertilizantes, productos fitosanitarios y muchos otros estimulantes foliares, de origen químico sintético. Si se pusiera en práctica esta nueva geografía agrícola, el suelo cultivable con técnicas modernas de producción pasaría a ser cercano a cero. Sería exiliar a los agricultores, criminalizar la actividad y ponerles un cartel de indeseables.
Por el contrario, el Estado debe asegurar la seguridad sanitaria de los habitantes del país, garantizando que esa producción cumple con todas las medidas de seguridad para la población, los trabajadores y el consumidor, incluyendo los cultivos con semillas de variedades tradicionales, que también utilizan productos controladores de plagas, como las larvas de polillas en Arica.
NO PERDAMOS LA OPORTUNIDAD DE FORTALECER EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Es necesario poner una voz de alerta, de atención. Chile necesita una agricultura capaz de sortear los desafíos del siglo 21 y seguir aportando a al desarrollo del país, a la alimentación de sus habitantes y especialmente dar un impulso al mundo rural. No desperdiciemos la oportunidad de sentar las bases del desarrollo de la agricultura, la protección del medio ambiente y los ecosistemas, así como del rescate a nuestro patrimonio fitogenético, a través de una Constitución que lo reconoce, lo potencia y entrega una hoja de ruta para su protección. Chile se lo merece.
Iniciativa de Norma Constitucional arriesga la producción de alimentos, según productores
La medida apunta a que los pequeños y medianos agricultores nacionales entreguen la seguridad alimentaria al país, desincentivando a los grandes productores, argumentan representantes del agro.
Dirigentes de gremios agrícolas dijeron que el proyecto presentado por la Convención Constituyente, que eliminaría la propiedad intelectual en el desarrollo y mejoramiento de semillas cambiaría la forma de hacer agricultura como se conoce hoy y que arriesgaría la seguridad alimentaria nacional, además del modelo económico que ha permitido el desarrollo de la industria en el país.
El director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile (Anpros), Mario Schindler, dijo a diario La Tribuna que “las normas como están presentadas y como están escritas destruyen la actividad semillera en Chile y la semilla es el insumo más importante y el primer insumo de la cadena de valor de producción agrícola, se requiere en todos los cultivos anuales, se requiere en las hortalizas y praderas, por lo que al destruir la actividad semillera en Chile también se impacta la actividad agrícola y agropecuaria chilena en general”. Además de lo anterior, Schindler dijo la norma “pone como eje central de la soberanía alimentaria a campesinos, pescadores y recolectores artesanales entre otros, dejando fuera a un porcentaje muy alto de los agricultores chilenos y un porcentaje muy alto de la superficie agrícola chilena, desconociendo la importancia de los pequeños y medianos agricultores nacionales, que están enlazados en cadenas productivas con la agroindustria y que son parte importante de la seguridad alimentaria en Chile y que no estarían considerados en esta norma, por lo que estarían excluidos de los beneficios tributarios, de subsidios, desarrollos tecnológicos y de investigación, dejando a su vez en los hombros de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar campesina, la pesada carga de generar los alimentos que necesitamos todos los chilenos”.
MEDIDA DESINCENTIVARÍA LA AGRICULTURA NACIONAL
Schindler agregó que la iniciativa “afecta a toda la cadena de valores, partiendo por los agricultores, que lograron tener alrededor de 60 mil hectáreas de semillas para semilleros en Chile, con una generación de 70 mil puestos de trabajo directos y otros muchos miles de trabajos indirectos en una agricultura como lo es la de semilla, con contratos, asistencia técnica permanente y financiamiento, características que le agregan valor a esta alternativa de producción agrícola chilena, que desaparecería, porque de acuerdo a las nuevas normas, sería el Estado el que se haría cargo de los modelos productivos, estableciendo qué se produce, dónde y cómo, estableciendo además los modelos de comercialización y con una intervención del Estado en la fijación de precios, desincentivando la inversión y arriesgando hacer desaparecer la propiedad intelectual, que es la base del estímulo a la inversión, tanto por parte de investigadores chilenos y fitomejoradores extranjeros que han permitido que la población chilena tenga acceso a una buena alimentación, cosa que nos parece injusta y riesgosa”.
El director ejecutivo de Chilebio, asociación gremial que agrupa a las compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola que se dedican al desarrollo, producción y comercialización de productos basados en la mejora genética de semillas, Miguel Ángel Sánchez, dijo a diario La Tribuna que “esta es una iniciativa disruptiva para la agricultura chilena, que propone cambiar la forma de hacer agricultura en el país, privilegiando a los pequeños agricultores bajo el supuesto de que la mayor cantidad de alimentos los producen ellos, lo cual no es real, y establece que será el Estado el que defina qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, definiendo el Estado también el precio de los alimentos quitándoles la libertad a nuestros productores de decidir qué producir, según sus preferencias para conseguir un mayor bienestar social y económico, poniendo en riesgo además los productos que nuestro país comercializa al extranjero como nuestros vinos, semillas y fruta fresca”.
IPN CONSEGUIRÍA EL EFECTO CONTRARIO AL QUE BUSCA PARA EL PAÍS
El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), José Miguel Stegmeier, dijo a diario La Tribuna que “esta iniciativa es totalmente absurda, ya que significaría destruir a nuestra agricultura y consiguientemente, generaría una tremenda escasez de alimentos de producción nacional, esto porque la economía silvoagropecuaria, para avanzar en un desarrollo sostenible, depende de las exportaciones para que los productores puedan tener espacios para crecer y así rentabilizar sus operaciones. Hoy no se puede entender el desarrollo humano y su mayor bienestar, aislando a los países de las otras naciones, ya que esas experiencias en el pasado, sólo lograron empobrecer a las naciones e hicieron sufrir incluso de hambre a gran parte de su población. Una iniciativa como esta, además inhibiría el desarrollo tecnológico y los necesarios mejoramientos genéticos de nuevas variedades de semillas, impidiendo, por ejemplo, adaptar los futuros cultivos a las nuevas condiciones que está generando el cambio climático”. A lo anterior, el vocero de Socabio agregó que “no puedo entender que exista una propuesta de esta naturaleza y la única explicación posible es que nace desde una ignorancia supina, ya que demuestra ir exactamente en el sentido contrario a lo que precisamente pretende conseguir, que es asegurar la alimentación de todos los chilenos. Igualmente, pretender iniciar una dinámica de regulación de los precios, lo único que lograría sería generar severas distorsiones, incluso con el riesgo de agudos desabastecimientos de alimentos, mercado negro y otros desastres, tal como ocurre en Cuba o Venezuela”.
Fuente: La Tribuna
Gremio de semilleros expresa preocupación por propuesta constitucional
Tras la aprobación este pasado martes de la norma que reconoce la semilla como patrimonio cultural, el director ejecutivo del gremio advierte que esta norma, además de otros artículos aprobados en Comisión de Medio Ambiente hacen que “desaparezca la propiedad intelectual, por lo que no hay ningún incentivo para que profesionales chilenos se dediquen a la investigación, al desarrollo de nuevas variedades o procesos”.
Miguel Patiño
Una dura respuesta emitió el gremio Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros) ante un conjunto de propuestas aprobada este martes en el seno de una comisión de la Convención Constitucional. «Con las normas que se están hasta el momento aprobando, la actividad semillera en Chile no tiene sustento, no es viable, y por lo tanto la producción de cultivos no es viable», señaló Mario Schindler, director ejecutivo de la organización que reúne a las empresas especializadas en el desarrollo y distribución de semillas.
La declaración fue gatillada luego de que este martes, la Comisión 5 de medioambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico del órgano redactor aprobara con 10 votos a favor y 9 en contra el artículo 1, que señala: “El Estado de Chile reconoce la semilla libre de intervención como patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural vivo. Perteneciente a los pueblos, campesinos y personas naturales rurales y urbanas que las utilicen con cualquier finalidad no relacionada con intervenciones, privatizaciones o patentaciones”.
Gloria Alvarado, convencional (D16) que votó a favor de esta propuesta, señaló a Redagricola que “reconocer a la semilla como patrimonio natural de nuestro país es un avance pues proteger y valorar nuestra biodiversidad es esencial ante el escenario de crisis climática, junto al resguardo del agua por supuesto, como bien común esencial para la vida y los ecosistemas”.
Alvarado agregó que están votando en general distintas propuestas de norma, donde destaca además aquella que incorpora la figura del guardador o curador de semillas, que en particular fue aprobada por 14 votos a favor, 3 abstenciones y uno en contra. “Esta es una más de las normas que se están debatiendo sobre este tema y ahora queda abierta a recibir indicaciones para ser mejorada y que pueda ir a votación al Pleno con un apoyo amplio para lograr la votación por 2/3”.
No obstante, el artículo generó crítica, lo que se suma a la polémica norma sobre soberanía alimentaria votada la semana pasada en la misma comisión. Schindler, de Anpros, señaló a Redagrícola que “estas normas lo que están haciendo es matar a la agricultura. El mensaje tiene que ser súper claro y nosotros como gremio lo estamos mirando de esa manera, aquí se destruye la actividad agrícola en Chile”.
El vocero del gremio semillero explica que si bien lo ideal sería que se respetara y hubiera un acuerdo en que el artículo 1 aprobado está referido a las variedades ancestrales, donde están a favor que quede consagrado su protección y fomento, sí creen que esto es más bien materia de ley porque “son demasiado específicas para ser normas constitucionales, y si es así nos vamos a llenar de normas”.
Sin embargo, la posibilidad de cerrar el desarrollo o trabajo genético a nuevas posibilidades es donde recaen las críticas.
“Si no tenemos semillas, que es lo más probable con las normas que se están hasta el momento aprobando, la actividad semillera en Chile no tiene sustento, no es viable, y por lo tanto la producción de cultivos no es viable, la producción de praderas no es viable y eso continúa con la producción de carnes y de leches que no sería viable; la producción de hortalizas no sería viable”, señala Schindler.
Desde el gremio señalan además que tanto las normas de soberanía alimentaria como las referidas a semillas, implican que Chile “dejará su alimentación a cargo de lo que puedan hacer los pequeños agricultores, por lo tanto junto con reflejar un profundo desconocimiento de lo que es el agro en Chile, esto significará una carga muy pesada sobre los hombros de los agricultores”.
Respecto al desarrollo de tecnologías o modificaciones que podrían ayudar a generar cultivos resistentes a sequías o diferentes condiciones adversas, Schindler añade que “no puede quedar establecido en la constitución un bloqueo permanente el acceso a determinadas tecnologías que pueden dar solución al cambio climático o a la sequía que lleva más de 10 años y es más bien una crisis estructural”.
“Si tú bloqueas el acceso a tecnologías como por ejemplo las que te permiten tener maíz resistente a la sequía, que ya es una realidad por ejemplo en Argentina, estarías bloqueado a la agricultura chilena de la posibilidad de enfrentar flagelos que produce el cambio climático y la disponibilidad de agua, sentencia el director ejecutivo de Anpros.
Cabe destacar además que la actividad semillera en Chile, de acuerdo a datos del gremio semillero, representa en el país cerca de 60 mil hectáreas de semilleros (cifras de 2013), y que generan una ocupación cercana a 70 mil personas en empleos directos en su momento alto de la temporada, sin contar los empleos indirectos (como fletes u otros trabajos relacionados).
PROPIEDAD INTELECTUAL
Otro de los artículos, quizás el más polémico de los discutidos ayer en la Convención, es el Artículo 4, que indica:
“La semilla establecida en los términos del artículo 1 solo podrán ser comercializadas en los términos que señale una ley especial, esta ley establecerá criterios preferentes para los productores de pequeña y mediana escala que utilicen técnicas tradicionales y con tratamiento agroecológico, limpias de sustancias sintéticas, y penalizará la modificación molecular de sus estructuras genéticas e hibridación que las dejen estériles o causen modificaciones que altere su fisonomía o calidad nutricional”.
Al respecto, Mario Schindler señala que con estos artículos “desaparece la propiedad intelectual y por lo tanto no hay ningún incentivo para que profesionales chilenos se dediquen a la investigación, al desarrollo de nuevas variedades, procesos, etc; y por otro lado, Chile de esta forma cierra el acceso a variedades internacionales que han estado por mucho tiempo y que han sido la base del desarrollo de la agricultura y particularmente de la fruticultura en Chile”.
Frente a posibilidad de aprobación de estas normas en el pleno, donde requieren dos tercios (104 votos) para ser aprobadas en general, Schindler comenta: “Espero que haya un tercio más uno de los convencionales que puedan tener el sentido común y entiendan lo riesgoso de aprobar normas como estas, sobre todo por las consecuencias que traería para Chile aprobar normas como estas”.
“Como gremio semillero hemos tenido reuniones con convencionales y nuestro mensaje principal es el de la coexistencia, aquí la semilla ancestral, la semilla agrícola, la semilla mejorada, todas responden a una misma necesidad en nuestro país, de que crezca nuestra agricultura y que nuestra sociedad esté bien abastecida de alimentos”.
https://www.redagricola.com/
Productores de semillas alertan sobre efectos de iniciativa constituyente en seguridad alimentaria
Anpros, gremio que los agrupa, advierte que la norma que entre otras cosas radica en el Estado el mejoramiento genético de variedades vegetales; prohíbe la producción e importación de transgénicos y establece la regulación de precios de alimentos, tendría un efecto dominó devastador en distintas actividades.
Alarma sobre las “nefastas consecuencias para la seguridad alimentaria del país” derivadas de la iniciativa de norma constituyente que “Reconoce el derecho a la soberanía alimentaria” (N°113-5), aprobada en general el 25 de enero en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, levantó la Asociación Nacional de Productores de Semilla (Anpros). Dicha iniciativa propendería a eliminar la propiedad intelectual en el desarrollo y mejoramiento de semillas; regular precios de alimentos; que la producción de estos se destine solo al consumo interno; y a invalidar tratados internacionales que no estén en esta línea.
“Esta norma destruye la base de la producción de alimentos en Chile al arrasar con la actividad semillera, que genera cerca de 68.000 puestos de trabajo de forma directa y unos 5.700 indirectos y genera US$ 346 millones en exportaciones”, asevera Mario Schindler, director ejecutivo del gremio. Explica que los artículos más complejos en términos de consecuencias son el 11 y 12. El primero por cuanto establece que el Estado protegerá como patrimonio inapropiable de los pueblos las semillas y todo material vegetal de propagación; prohíbe cualquier forma de privatización de estos y radica en el Estado el mejoramiento genético, para que sus avances sean de dominio público. También prohíbe la producción, uso, consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos. Mientras el segundo artículo, prohíbe cualquier política, legislación, reglamentación o medida que limite el derecho a la semilla.
Estas disposiciones generan incertidumbre sobre el futuro de la comercialización, investigación y distribución de semillas: “En Chile no hay limitaciones para comprar y usar las semillas disponibles en el mercado: tradicionales o ancestrales, de dominio público y las agrícolas licenciadas que son las que usa el 98% de los agricultores por rendimiento, resistencia a enfermedades, adaptación al cambio climático y preferencia de los consumidores. Nosotros ofrecemos semilla de alta calidad certificada por el SAG; pero con las condiciones aquí enunciadas ya no podrían importarse ni producirse”.
A su juicio, esta norma sugiere un conflicto inexistente entre variedades fitomejoradas y tradicionales o ancestrales, usadas por pueblos originarios y pequeños agricultores en zonas agroecológicas específicas, cuyos derechos e intereses se busca cautelar, porque estarían siendo comprometidos por la industria semillera: “Llevamos décadas de coexistencia entre variedades tradicionales y agrícolas porque ocupamos nichos distintos. Necesitamos ambos tipos de semilla y no podemos excluir a la que sustenta un porcentaje muy mayoritario de la alimentación”.
Ricardo Behn, primer vicepresidente de Anpros y gerente de semillas de Anasac, destaca que como gremio han trabajado con varias administraciones del Ministerio de Agricultura para desarrollar un borrador de proyecto de ley donde se asegure que las variedades ancestrales no puedan ser apropiadas por nadie. Dice que las normas vigentes han funcionado bien y que en Chile hoy no se siembran transgénicos para cosecha interna, sino para exportar esas semillas: “Esta tecnología avanza a pasos agigantados en el mundo. Argentina acaba de desarrollar un trigo resistente a la sequía, que tendría gran impacto en nuestra agricultura dada la crisis hídrica. Prohibir una tecnología constitucionalmente nos condena al subdesarrollo al no acceder a las ventajas que pueda ofrecer a futuro”.
Asegura que además de cumplir con los resguardos del patrimonio fitosanitario nacional, las empresas comprueban que las variedades que se internan funcionen bien en las distintas localidades donde se cultivan esas especies antes de venderlas, con ensayos que toman dos a tres años. Y enfatizan en el rol de las semillas fitomejoradas en el rendimiento de cultivos: “El trigo, nuestro principal cultivo en superficie, en 1980 tenía un rendimiento de 17 quintales por hectárea y hoy llega 62 promedio nacional, aunque hay agricultores que llegan a cien quintales”.
Con menos superficie agrícola disponible por habitante y escasez de agua, producir más con menos es uno los grandes desafíos. Schindler grafica: “En 1980 había 11,5 millones de habitantes en el país y 1,2 millón de hectáreas dedicadas a cultivos anuales. Hoy tenemos casi el doble de la población y la superficie cultivable bajó a la mitad. De ahí la importancia de acceder a semillas mejoradas”.
Ambos ejecutivos destacan que la norma que se discute en la Convención Constituyente no sólo apunta en la dirección contraria al concepto de “Chile Potencia Agroalimentaria”, sino que de la innovación como motor de desarrollo. Y que puede tener la mejor de las intenciones, pero no se han medido sus consecuencias en la práctica.
Schindler hace hincapié en que el mejoramiento de semillas existe hace miles de años y hay técnicas que van desde la selección masal y el cruzamiento de variedades, hasta las transgénicas. “El recambio varietal es permanente porque las empresas siempre están mejorando parámetros productivos, nutritivos u organolépticos y resistencia enfermedades e insectos. De lo contrario, habría que aumentar el uso de agroquímicos”, dice Behn.
Respecto a los ruidos de privatización, destacan que La Ley de Propiedad Industrial chilena no permite patentar variedades vegetales. A nivel mundial lo que opera es el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), que fomenta el fitomejoramiento mediante un derecho de propiedad intelectual para los obtentores, que dura entre 15 y 18 años.
Anpros agrupa a 73 empresas que representan 98% de la actividad semillera nacional; 48 son locales y 25 extranjeras (entre ellas Sumitomo Chemical, Syngenta, Monsanto, BASF, Bayer); 28 son grandes, 21 medianas, 13 pequeñas y 11 microempresas. El 69% de los multiplicadores de semillas que trabajan con ellas poseen menos de 12 hectáreas de riego básico.
Nuevo ministro de Agricultura dará prioridad a acuerdos y es probable convocar a una mesa de semillas
Este miércoles 2 de febrero se realizó un webinar organizado por la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS) con el fin de discutir y analizar el panorama actual del sector productivo, en el marco del debate constitucional. En ese contexto, los organizadores agradecieron la presencia del futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien accedió a la invitación para participar del encuentro.
A la reunión asistieron representantes de todo el espectro del mundo rural, dirigentes, agricultores, campesinos y gremios de diferentes rubros del país. En esta instancia, participaron Mario Schindler, director ejecutivo de ANPROS, Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, y el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Entre las materias analizadas en el evento estuvo la propuesta de norma constitucional número 113-5, que “reconoce el derecho a la soberanía alimentaria” y que la semana pasada fue aprobada en general en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional.
Al respecto, Mario Schindler, director ejecutivo de ANPROS , señaló que en la iniciativa se entrega un rol excluyente al Estado, “dejando fuera a cientos de miles de agricultores en todo el país” y que, más allá de las intenciones de los promotores de la norma, “se pone en riesgo la seguridad alimentaria de Chile”.
Para el director ejecutivo de ANPROS, el concepto que debe primar en el sector de la producción de alimentos es el de la coexistencia, tal como promueven organismos multilaterales como la FAO, apuntó.
Para Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, la propuesta que se está debatiendo en la Convención tiene un enfoque “urbano” y “se escapan un poco de la realidad agrícola de Chile”. En este sentido, señaló que “la seguridad y soberanía alimentaria son términos que se complementan”. Asimismo, hizo un llamado a dialogar, a ampliar la mirada respecto a estos temas y a avanzar hacia una sustentabilidad productiva.
Por último, Esteban Valenzuela, futuro titular de Agricultura, rescató la importancia de instancias de diálogo como las sostenidas el día de hoy. En este sentido, afirmó que, una vez que asuma como ministro, dará prioridad a la búsqueda de acuerdos, anunciando que es probable que se convoque a una mesa de semillas y una de trabajo con todos los actores del sector agrícola.
Además, el próximo ministro apuntó que todos los sectores, más allá de las diferencias, deben trabajar en fortalecer los espacios de encuentro, porque a su juicio la agricultura debe ser “sustentable, amorosa, pero sin ningún tipo de retroexcavadora”.
ANPROS valora presencia del próximo ministro de Agricultura en seminario con gremios y destaca su compromiso a convocar una mesa de semillas
Este miércoles, 02 de febrero, ANPROS organizó un webinar con diferentes gremios con el fin de discutir y analizar el panorama actual del sector productivo, en el marco del debate constitucional. En ese contexto, nuestra asociación agradeció la presencia del futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien accedió a la invitación para participar del encuentro.
A la reunión asistieron más de 175 personas, representantes de todo el espectro del mundo rural, dirigentes, agricultores, campesinos y gremios de diferentes rubros del país. En esta instancia, participaron Mario Schindler, director ejecutivo de ANPROS, Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, y el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Entre las materias analizadas en el evento estuvo la propuesta de norma constitucional número 113-5, que reconoce el derecho a la soberanía alimentaria y que la semana pasada fue aprobada en general en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional.
Al respecto, Mario Schindler señaló que en la iniciativa se entrega un rol excluyente al Estado, dejando fuera a cientos de miles de agricultores en todo el país y que, más allá de las intenciones de los promotores de la norma, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de Chile.
Para el director ejecutivo de ANPROS, el concepto que debe primar en el sector de la producción de alimentos es el de la coexistencia, tal como promueven organismos multilaterales como la FAO, apuntó.
Para Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, la propuesta que se está debatiendo en la Convención tiene un enfoque urbano y se escapan un poco de la realidad agrícola de Chile. En este sentido, señaló que la seguridad y soberanía alimentaria son términos que se complementan. Asimismo, hizo un llamado a dialogar, a ampliar la mirada respecto a estos temas y a avanzar hacia una sustentabilidad productiva.
Por último, Esteban Valenzuela, futuro titular de Agricultura, rescató la importancia de instancias de diálogo como las sostenidas el día de hoy. En este sentido, afirmó que, una vez que asuma como ministro, dará prioridad a la búsqueda de acuerdos, anunciando que es probable que se convoque a una mesa de semillas y una de trabajo con todos los actores del sector agrícola.
Además, el próximo ministro apuntó que todos los sectores, más allá de las diferencias, deben trabajar en fortalecer los espacios de encuentro, porque a su juicio la agricultura debe ser sustentable, amorosa, pero sin ningún tipo de retroexcavadora.
ANPROS por norma sobre soberanía alimentaria: “Compromete a toda la producción de alimentos, aquí está en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país”
Varias iniciativas se están discutiendo dentro de la Convención Constitucional que podrían afectar -de alguna manera- al desarrollo de la agricultura en particular y el órgano, que redacta la próxima Carta Fundamentala del país, acaba de aprobar en una de las comisiones un proyecto de seguridad alimentaria.
En ese contexto, para la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros) consideran que, lo sucedido durante la semana en el exCongreso Nacional de Santiago, es “muy grave“.
En conversación con la ‘Mañana Interactiva’ de Agricultura, el director ejecutivo de Anpros, Mario Schindler, explica que como gremio son responsables de llevar esta voz de alerta, ya que son parte importante de la cadena productiva del país.
“Como gremio creemos que es nuestra responsabilidad de llevar esta voz de alerta. La semilla es lo primero, es el insumo más importante de la cadena productiva, por lo tanto, posiblemente ese es el motivo: Queremos ser el gremio que lleve esta voz de alerta en relación con una norma que se aprobó el martes recién pasado“.
Para el gremio la norma que “reconoce el derecho a la soberanía alimentaria“, no solo compromete la actividad semillera, sino que también “a toda la producción de alimentos en Chile. Aquí está en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país“, advierte Schindler.
En detalle, el director ejecutivo de Anpros explica que esta “establece que la soberanía alimentaria va a estar dada solamente dentro del marco del consumo interno, desconoce absolutamente la importancia que tienen los mercados internacionales para Chile“. Además, señala que para ellos es muy relevante “esta norma reduce la soberanía alimentaria del país”,
“Está acotada a un grupo de la agricultura de nuestro país, creemos que la agricultura en Chile es una sola y tenemos que preocuparnos de cada uno de los actores. Esta norma lo que hace en términos concretos es excluir a cientos de miles agricultores del concepto de soberanía alimentaria y nos parece que no puede ser posible que excluyamos a cientos de miles de compatriotas, agricultores y agricultoras -de lo que nosotros definimos y el concepto que nos gusta utilizar- de la seguridad alimentaria. La producción de alimentos en Chile depende de todos y no solamente de un sector“, agregó.
Sobre por qué sienten que se excluyen a algunos agricultores, señaló que en el artículo dos de la norma dicta que “el sujeto de la norma son campesinos (as), pescadores (as), recolectores artesanales, etc.; con lo cual nosotros tenemos ningún problema (…)“, pero “al referirse como sujeto solamente a este grupo, está excluyendo a un número enorme de agricultores“.
Además, indicó que se “compromete la inversión extranjera”, ya que “se desconoce”. Como también, en el texto se “está acotando el fomento, la investigación y el desarrollo científico por parte del Estado solamente un grupo de agricultores. Establece la fijación de precios en la agricultura, zonas de producción”.
Como también, “se establece que básicamente no va a ver propiedad privada y no solo son sobre las semillas”, sino que también “sobre los materiales vegetales de propagación, animales u otras formas de vida, básicamente toda la agricultura”, manifestó Mario Schindler.
Revive aquí la entrevista al director ejecutivo de Anpros en ‘La Mañana Interactiva’:
Fuente: www.radioagricultura.cl
Economía circular: más que una tendencia, una realidad para la agricultura chilena
El sector agroalimentario enfrenta el desafío de aumentar su productividad de manera sustentable para alimentar a una población creciente, haciendo uso eficiente de recursos naturales y contribuyendo positivamente al medio ambiente y la sociedad. Además, debe dar respuesta a consumidores más exigentes e interesados en productos producidos y elaborados en forma sostenible. Ver artículo completo aquí
La Economía Circular (EC) surge como herramienta que puede contribuir a abordar los desafíos, definiéndose como un sistema que busca maximizar la utilidad y el valor de los productos, componentes y materias primas en todo momento. El concepto fue concebido con la intención de promover un planeta que no genere ningún residuo y que, por el contrario, construya un ciclo virtuoso, donde los recursos naturales y materiales no se agotan, sino que son reciclados, valorizados y reutilizados con el fin de optimizar su utilidad y minimizar los riesgos del sistema.
En palabras simples, es un modelo de diseño, producción y consumo que busca que los recursos sigan generando valor, reduciendo al mínimo los residuos.
El modelo EC construye capital económico, ambiental y social. En lo ambiental, el mejor uso de recursos implica menor presión al medio ambiente reduciendo significativamente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En lo económico, hay un ahorro por eficiencia de uso de insumos, como asimismo nuevos ingresos por la valorización de nuevos productos (energía, nuevos alimentos); y finalmente, desde el punto de vista social, genera nuevos empleos y mayores riquezas.
Diagnóstico de EC en la agricultura
El Ministerio de Agricultura de Chile a través de ODEPA, y en conjunto con la UC Davis, analizó experiencias internacionales e iniciativas que se están desarrollando en Chile, con el objetivo de buscar oportunidades y desafíos. Además, se trata de generar un espacio de discusión y de propuestas colaborativas, como punto
de partida para avanzar.
El estudio hace una revisión de antecedentes, complementada con entrevistas a expertos y talleres con panelistas públicos y privados, y logra dos resultados muy relevantes:
(1) sistematizar información vinculada a la EC en el sector agroalimentario nacional e internacional e,
(2) iniciar un proceso para formar una red de actores para continuar trabajando.
El análisis de las experiencias en 12 países, entre ellos Portugal, Francia, Alemania, Uruguay, Canadá, China y Nueva Zelanda, permitió visualizar que la transición hacia una EC debe ser un proceso gradual y requiere compromiso de diferentes sectores para construir una agenda común.
Además, permitió apreciar el atractivo valor que tiene el concepto, con alta capacidad de convocatoria visualizándose como una propuesta de valor muy atractiva donde diversos actores pueden tomar un rol activo y participativo.
La información primaria y secundaria de Chile identificó 230 iniciativas vinculadas a EC, la mayoría apuntando a acciones en la etapa de producción y procesamiento de la cadena de valor, las que están identificadas a nivel de todos los principios de circularidad:
(1) Planificar para aprovechamiento
óptimo de recursos,
(2) Maximizar la utilidad de los materiales
en todo momento y
(3) Preservar y mejorar el capital natural.
Además, evidenció que las nuevas exigencias de los mercados y los desafíos del cambio climático han incrementado la preocupación por promover una gestión más sustentable.
Los resultados se ubican principalmente en torno al principio de revalorizar residuos (lodos y purines para enmiendas, residuos para generar energía, reciclar, entre otros), y del principio de reducir (uso de insumos, eficiencia en uso del agua, energía, los agroquímicos).
Para la agricultura, y agroindustria, la EC plantea la oportunidad para el surgimiento de nuevas líneas de negocios haciendo más eficiente el uso de residuos y subproductos, fomentar la regeneración de suelos y el capital natural y promover el desarrollo territorial.
El estudio concluye proponiendo el desarrollo de un “Programa de EC para sector agroalimentario” que permita vincular a actores claves, definir una gobernanza y áreas de trabajo, entre otros, enmarcándose en pocos focos de acción. Ver artículo completo aquí