En un nuevo balance de los incendios forestales que afectan desde hace dos semanas a la zona centro sur del país, el Gobierno alertó que hasta el sábado 18 de febrero seis regiones del país tendrán “botón rojo” es decir, condiciones propicias para el desarrollo de siniestros.
Así lo informó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien detalló que esta alerta se extendió a partir de ayer a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y el norte de La Araucanía.
De esta manera hoy serán 48 las comunas con botones rojos, 34 mañana y 56 el sábado. Al respecto la secretaria de Estado aseguró que “se van a producir producto de una combinación de factores, donde son relevantes las altas temperaturas y que vamos a tener vientos en algunos lugares de hasta 50 km/h”.
Sin embargo, aseguró que “hemos aprendido que los botones rojos no se gatillan solo por estos factores (…) El llamado es a evitar nuevos incendios, para concentrarnos en controlar los que aún están en combate y extinguir los que están en condiciones de ser apagados”.
En cuanto al avance de la situación de los incendios, ayer habían 252 activos, 139 controlados y 51 en combate, nueve menos que el martes.
Además, van 434 mil hectáreas consumidas por el fuego de las cuales 196.337,1 han sido en la región del Biobío, 101.456,6 en La Araucanía y 69.430,9 en el Ñuble, que son las tres regiones que se mantienen bajo estado de catástrofe y donde además se han quemado 1.554 viviendas, van 6.855 damnificados, 25 muertos y 31 detenidos.
Respecto a los dichos del fiscal nacional Ángel Valencia, quien aseguró el martes que las forestales eran “las víctimas” de esta tragedia, la ministra Tohá comentó que “no es incompatible ser víctima de un incendio con no haber hecho todo lo necesario por evitarlo”.
Por otra parte, y ante las críticas de la Sofofa, por los “pocos detenidos por provocar incendios”, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo a radio Infinita que “quiero invitar a los empresarios y a otras instituciones a ser cautelosos con la autonomía de quien cumple la labor constitucional de persecución penal. Hay muchos que creen pueden reemplazar la labor del Ministerio Público, y que pueden hacerlo mejor que el fiscal nacional o el Gobierno”.