La medida apunta a que los pequeños y medianos agricultores nacionales entreguen la seguridad alimentaria al país, desincentivando a los grandes productores, argumentan representantes del agro.
Dirigentes de gremios agrícolas dijeron que el proyecto presentado por la Convención Constituyente, que eliminaría la propiedad intelectual en el desarrollo y mejoramiento de semillas cambiaría la forma de hacer agricultura como se conoce hoy y que arriesgaría la seguridad alimentaria nacional, además del modelo económico que ha permitido el desarrollo de la industria en el país.
El director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile (Anpros), Mario Schindler, dijo a diario La Tribuna que “las normas como están presentadas y como están escritas destruyen la actividad semillera en Chile y la semilla es el insumo más importante y el primer insumo de la cadena de valor de producción agrícola, se requiere en todos los cultivos anuales, se requiere en las hortalizas y praderas, por lo que al destruir la actividad semillera en Chile también se impacta la actividad agrícola y agropecuaria chilena en general”. Además de lo anterior, Schindler dijo la norma “pone como eje central de la soberanía alimentaria a campesinos, pescadores y recolectores artesanales entre otros, dejando fuera a un porcentaje muy alto de los agricultores chilenos y un porcentaje muy alto de la superficie agrícola chilena, desconociendo la importancia de los pequeños y medianos agricultores nacionales, que están enlazados en cadenas productivas con la agroindustria y que son parte importante de la seguridad alimentaria en Chile y que no estarían considerados en esta norma, por lo que estarían excluidos de los beneficios tributarios, de subsidios, desarrollos tecnológicos y de investigación, dejando a su vez en los hombros de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar campesina, la pesada carga de generar los alimentos que necesitamos todos los chilenos”.
MEDIDA DESINCENTIVARÍA LA AGRICULTURA NACIONAL
Schindler agregó que la iniciativa “afecta a toda la cadena de valores, partiendo por los agricultores, que lograron tener alrededor de 60 mil hectáreas de semillas para semilleros en Chile, con una generación de 70 mil puestos de trabajo directos y otros muchos miles de trabajos indirectos en una agricultura como lo es la de semilla, con contratos, asistencia técnica permanente y financiamiento, características que le agregan valor a esta alternativa de producción agrícola chilena, que desaparecería, porque de acuerdo a las nuevas normas, sería el Estado el que se haría cargo de los modelos productivos, estableciendo qué se produce, dónde y cómo, estableciendo además los modelos de comercialización y con una intervención del Estado en la fijación de precios, desincentivando la inversión y arriesgando hacer desaparecer la propiedad intelectual, que es la base del estímulo a la inversión, tanto por parte de investigadores chilenos y fitomejoradores extranjeros que han permitido que la población chilena tenga acceso a una buena alimentación, cosa que nos parece injusta y riesgosa”.
El director ejecutivo de Chilebio, asociación gremial que agrupa a las compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola que se dedican al desarrollo, producción y comercialización de productos basados en la mejora genética de semillas, Miguel Ángel Sánchez, dijo a diario La Tribuna que “esta es una iniciativa disruptiva para la agricultura chilena, que propone cambiar la forma de hacer agricultura en el país, privilegiando a los pequeños agricultores bajo el supuesto de que la mayor cantidad de alimentos los producen ellos, lo cual no es real, y establece que será el Estado el que defina qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, definiendo el Estado también el precio de los alimentos quitándoles la libertad a nuestros productores de decidir qué producir, según sus preferencias para conseguir un mayor bienestar social y económico, poniendo en riesgo además los productos que nuestro país comercializa al extranjero como nuestros vinos, semillas y fruta fresca”.
IPN CONSEGUIRÍA EL EFECTO CONTRARIO AL QUE BUSCA PARA EL PAÍS
El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), José Miguel Stegmeier, dijo a diario La Tribuna que “esta iniciativa es totalmente absurda, ya que significaría destruir a nuestra agricultura y consiguientemente, generaría una tremenda escasez de alimentos de producción nacional, esto porque la economía silvoagropecuaria, para avanzar en un desarrollo sostenible, depende de las exportaciones para que los productores puedan tener espacios para crecer y así rentabilizar sus operaciones. Hoy no se puede entender el desarrollo humano y su mayor bienestar, aislando a los países de las otras naciones, ya que esas experiencias en el pasado, sólo lograron empobrecer a las naciones e hicieron sufrir incluso de hambre a gran parte de su población. Una iniciativa como esta, además inhibiría el desarrollo tecnológico y los necesarios mejoramientos genéticos de nuevas variedades de semillas, impidiendo, por ejemplo, adaptar los futuros cultivos a las nuevas condiciones que está generando el cambio climático”. A lo anterior, el vocero de Socabio agregó que “no puedo entender que exista una propuesta de esta naturaleza y la única explicación posible es que nace desde una ignorancia supina, ya que demuestra ir exactamente en el sentido contrario a lo que precisamente pretende conseguir, que es asegurar la alimentación de todos los chilenos. Igualmente, pretender iniciar una dinámica de regulación de los precios, lo único que lograría sería generar severas distorsiones, incluso con el riesgo de agudos desabastecimientos de alimentos, mercado negro y otros desastres, tal como ocurre en Cuba o Venezuela”.
Fuente: La Tribuna