Anpros, gremio que los agrupa, advierte que la norma que entre otras cosas radica en el Estado el mejoramiento genético de variedades vegetales; prohíbe la producción e importación de transgénicos y establece la regulación de precios de alimentos, tendría un efecto dominó devastador en distintas actividades.
Alarma sobre las “nefastas consecuencias para la seguridad alimentaria del país” derivadas de la iniciativa de norma constituyente que “Reconoce el derecho a la soberanía alimentaria” (N°113-5), aprobada en general el 25 de enero en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, levantó la Asociación Nacional de Productores de Semilla (Anpros). Dicha iniciativa propendería a eliminar la propiedad intelectual en el desarrollo y mejoramiento de semillas; regular precios de alimentos; que la producción de estos se destine solo al consumo interno; y a invalidar tratados internacionales que no estén en esta línea.
“Esta norma destruye la base de la producción de alimentos en Chile al arrasar con la actividad semillera, que genera cerca de 68.000 puestos de trabajo de forma directa y unos 5.700 indirectos y genera US$ 346 millones en exportaciones”, asevera Mario Schindler, director ejecutivo del gremio. Explica que los artículos más complejos en términos de consecuencias son el 11 y 12. El primero por cuanto establece que el Estado protegerá como patrimonio inapropiable de los pueblos las semillas y todo material vegetal de propagación; prohíbe cualquier forma de privatización de estos y radica en el Estado el mejoramiento genético, para que sus avances sean de dominio público. También prohíbe la producción, uso, consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos. Mientras el segundo artículo, prohíbe cualquier política, legislación, reglamentación o medida que limite el derecho a la semilla.
Estas disposiciones generan incertidumbre sobre el futuro de la comercialización, investigación y distribución de semillas: “En Chile no hay limitaciones para comprar y usar las semillas disponibles en el mercado: tradicionales o ancestrales, de dominio público y las agrícolas licenciadas que son las que usa el 98% de los agricultores por rendimiento, resistencia a enfermedades, adaptación al cambio climático y preferencia de los consumidores. Nosotros ofrecemos semilla de alta calidad certificada por el SAG; pero con las condiciones aquí enunciadas ya no podrían importarse ni producirse”.
A su juicio, esta norma sugiere un conflicto inexistente entre variedades fitomejoradas y tradicionales o ancestrales, usadas por pueblos originarios y pequeños agricultores en zonas agroecológicas específicas, cuyos derechos e intereses se busca cautelar, porque estarían siendo comprometidos por la industria semillera: “Llevamos décadas de coexistencia entre variedades tradicionales y agrícolas porque ocupamos nichos distintos. Necesitamos ambos tipos de semilla y no podemos excluir a la que sustenta un porcentaje muy mayoritario de la alimentación”.
Ricardo Behn, primer vicepresidente de Anpros y gerente de semillas de Anasac, destaca que como gremio han trabajado con varias administraciones del Ministerio de Agricultura para desarrollar un borrador de proyecto de ley donde se asegure que las variedades ancestrales no puedan ser apropiadas por nadie. Dice que las normas vigentes han funcionado bien y que en Chile hoy no se siembran transgénicos para cosecha interna, sino para exportar esas semillas: “Esta tecnología avanza a pasos agigantados en el mundo. Argentina acaba de desarrollar un trigo resistente a la sequía, que tendría gran impacto en nuestra agricultura dada la crisis hídrica. Prohibir una tecnología constitucionalmente nos condena al subdesarrollo al no acceder a las ventajas que pueda ofrecer a futuro”.
Asegura que además de cumplir con los resguardos del patrimonio fitosanitario nacional, las empresas comprueban que las variedades que se internan funcionen bien en las distintas localidades donde se cultivan esas especies antes de venderlas, con ensayos que toman dos a tres años. Y enfatizan en el rol de las semillas fitomejoradas en el rendimiento de cultivos: “El trigo, nuestro principal cultivo en superficie, en 1980 tenía un rendimiento de 17 quintales por hectárea y hoy llega 62 promedio nacional, aunque hay agricultores que llegan a cien quintales”.
Con menos superficie agrícola disponible por habitante y escasez de agua, producir más con menos es uno los grandes desafíos. Schindler grafica: “En 1980 había 11,5 millones de habitantes en el país y 1,2 millón de hectáreas dedicadas a cultivos anuales. Hoy tenemos casi el doble de la población y la superficie cultivable bajó a la mitad. De ahí la importancia de acceder a semillas mejoradas”.
Ambos ejecutivos destacan que la norma que se discute en la Convención Constituyente no sólo apunta en la dirección contraria al concepto de “Chile Potencia Agroalimentaria”, sino que de la innovación como motor de desarrollo. Y que puede tener la mejor de las intenciones, pero no se han medido sus consecuencias en la práctica.
Schindler hace hincapié en que el mejoramiento de semillas existe hace miles de años y hay técnicas que van desde la selección masal y el cruzamiento de variedades, hasta las transgénicas. “El recambio varietal es permanente porque las empresas siempre están mejorando parámetros productivos, nutritivos u organolépticos y resistencia enfermedades e insectos. De lo contrario, habría que aumentar el uso de agroquímicos”, dice Behn.
Respecto a los ruidos de privatización, destacan que La Ley de Propiedad Industrial chilena no permite patentar variedades vegetales. A nivel mundial lo que opera es el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), que fomenta el fitomejoramiento mediante un derecho de propiedad intelectual para los obtentores, que dura entre 15 y 18 años.
Anpros agrupa a 73 empresas que representan 98% de la actividad semillera nacional; 48 son locales y 25 extranjeras (entre ellas Sumitomo Chemical, Syngenta, Monsanto, BASF, Bayer); 28 son grandes, 21 medianas, 13 pequeñas y 11 microempresas. El 69% de los multiplicadores de semillas que trabajan con ellas poseen menos de 12 hectáreas de riego básico.