- Con la firma de un convenio de colaboración, ambas instituciones conformaron una mesa de trabajo junto a la industria fitosanitaria para diseñar un piloto de trazabilidad y seguridad digital. El objetivo es identificar el origen de los productos, evitar manipulaciones en su distribución y avanzar hacia una norma nacional de etiquetado.
Con el objetivo de fortalecer la fiscalización, elevar los estándares regulatorios y transparentar la comercialización de productos fitosanitarios, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Casa de Moneda de Chile y los gremios ANASAC, AFIPA e IMPPA lanzaron una mesa de trabajo público-privada para avanzar en un sistema nacional de trazabilidad con foco en la seguridad digital.
El acuerdo contempla el desarrollo de un piloto que permitirá validar en terreno un sistema de etiquetado con tecnologías de seguridad desarrolladas por Casa de Moneda, como códigos QR seguros y elementos antifalsificación. Estas herramientas permitirán asegurar la autenticidad de los productos, prevenir emisiones no autorizadas y facilitar el rastreo a lo largo de toda la cadena de comercialización.
La participación de Casa de Moneda en este desafío resulta clave. Su experiencia en el desarrollo de soluciones de seguridad inviolables permitirá implementar un sistema de trazabilidad robusto y auditable, alineado con las mejores prácticas internacionales.
Ángela Movillo, Gerenta Comercial de Casa de Moneda afirmó que “como institución pública estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones innovadoras que aporten seguridad y trazabilidad en sectores estratégicos de nuestra economía. Este convenio representa una oportunidad para elevar los estándares del país y avanzar en una regulación moderna y efectiva”.
Actualmente, en Chile existen más de 1.400 productos fitosanitarios autorizados y cerca de 300 empresas fabricantes e importadoras. Sin embargo, aún persisten brechas en su trazabilidad, lo que dificulta el control de su distribución y uso. Esto adquiere especial relevancia frente a normativas como la Ley REP, que exige trazabilidad también en la gestión de envases, y ante la detección de productos en zonas donde su uso está restringido, como humedales o áreas protegidas.
En tanto el Director Nacional del SAG destacó que “la trazabilidad no es solo una exigencia técnica: es una garantía para el consumidor, una herramienta para la industria y un deber del Estado. Hoy estamos dando un paso concreto para alinear la tecnología con un objetivo público: asegurar que cada producto pueda ser identificado y verificado desde su origen hasta su uso final”.
El trabajo de la mesa permitirá, además, consensuar un estándar mínimo de seguridad digital que pueda escalarse como futura norma nacional. Para el sector privado, este tipo de mecanismos permitirá contar con mayor certeza jurídica, orden en la cadena de distribución y mejores condiciones para la competencia formal.
Para María Beatriz Ceardi gerente de Asuntos Regulatorios de ANASAC y miembro de la Comisión de Regulatoria de IMPPA señaló que “como ANASAC e IMPPA, llevamos tiempo trabajando en soluciones que nos permitan proteger mejor nuestros productos. Hoy más que nunca, necesitamos trazabilidad, porque el mercado negro está creciendo y eso pone en riesgo la seguridad de toda nuestra agricultura”. En la misma línea, Patricia Villarreal, directora ejecutiva de AFIPA destacó que “para nosotros es fundamental avanzar en tecnologías que fortalezcan la trazabilidad de los productos y nos permitan mejorar la seguridad en su uso”.
Este esfuerzo conjunto se enmarca en los desafíos actuales de Chile en materia de fiscalización, seguridad sanitaria, cumplimiento ambiental y adaptación a exigencias internacionales. La colaboración entre el sector público y privado será fundamental para hacer de Chile un referente en trazabilidad fitosanitaria y control de insumos agrícolas.